Los fondos del cáncer

RICARDO ALBA, director general de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha sido obligado a dimitir a la vista de los indicios de corrupción en su gestión. La voz de alarma la dio el Consejo Europeo, que observó irregularidades en la administración de un fondo de 700 millones de pesetas destinados a la lucha contra el cáncer en Latinoamérica. Pero desde que trascendió esa denuncia han ido apareciendo otros síntomas de un comportamiento que sería caritativo calificar de irregular, y que han hecho rectificar el inicial apoyo prestado por la junta directiva de la asociación a quien ha sido desde hace nueve años su director general.De momento existe una denuncia civil contra la anterior directiva de la asociación por falsificación de firma, usurpación de funciones, ocultación de datos y gestión irregular. Esa denuncia fue presentada por el jefe de oncología del Hospital Doce de Octubre al descubrirse, a raíz de la investigación del Consejo Europeo, la existencia de una cuenta para el programa de ayuda a Latinoamérica que gestionaba Alba aparentemente a espaldas de la asociación. La auditoría del Consejo Europeo, entidad ligada a la Unión Europea, observó irregularidades en viajes no justificados, cuentas de hoteles de lujo y propaganda impresa, entre otros. Por ello, en paralelo a la intervención judicial por la denuncia civil -que debería mantenerse con o sin dimisión-, la asociación ha decidido abrir una investigación interna. En ella tendrían que aclararse decisiones que, aunque fueran legales, carecen de fundamento lógico, como la adjudicación (o autoadjudicación) para uso personal del director general de un piso de lujo donado a la asociación por benefactores fallecidos sin descendencia.

La confianza absoluta de que gozaba Alba ante la presidenta de la asociación, la recientemente fallecida condesa de Elda, parece haber sido el aval utilizado por el director general para su gestión personalista y ajena a todo control efectivo durante cerca de una década; pero hay sospechas de que el director general ocultó la enfermedad de su protectora, e incluso falsificó su firma, para continuar sus manejos cuando ella no podía ya dirigir la entidad. Aparentemente estamos, por tanto, ante un nuevo caso de utilización en beneficio propio de las buenas intenciones de personas generosas. El hecho de que el ahora acusado conociera a la anterior presidenta por su común militancia en Fuerza Nueva carece de relevancia a efectos penales, pero no deja de ser un dato a retener por esos desaforados que suelen intervenir en ciertas tertulias radiofónicas para denunciar la corrupción que, aseguran, ha traído la democracia.

Lo que ha traído es más transparencia, y ello ha acabado por afectar también a instituciones que durante años, y precisamente por su origen fuera de toda sospecha, han permanecido en la penumbra, sin criterios claros de control de los fondos, en parte públicos, que gestionaban. Y pocas cosas tan odiosas como la corrupción que germina al amparo de esa penumbra y la buena fe de cuantos colaboran con tales entidades con su esfuerzo personal o su dinero.