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La polémica urbanística y los agobios económicos enturbian la recta final del mandato de Villalobos PSOE e Izquierda Unida piden la dimisión de los concejales de Urbanismo y Hacienda

Los grupos de oposición en el Ayuntamiento de Málaga han encontrado un filón para debilitar la gestión de Celia Villalobos en la recta final de su mandato. Las polémicas urbanísticas y los problemas del equipo de gobierno del PP para hacer frente a la presión de los trabajadores tras la paralización del convenio colectivo están siendo aprovechados por IU y por el PSOE para poner en tela de juicio la labor de Villalobos en las dos principales áreas de gobierno: la política urbanística y la económica. En las últimas semanas, la oposición le ha pedido la dimisión de los dos ediles que están al frente de ambas parcelas, Francisco de la Torre y Gonzalo Gutiérrez de Pablo, respectivamente.

El equipo de gobierno del Partido Popular en Málaga se enfrenta en estos momentos a una comisión de investigación para determinar presuntas irregularidades en la construcción de un edificio de lujo, de 80 viviendas, en una zona privilegiada de la ciudad, cuyas obras tuvo que paralizar tras levantarse una planta de más. Paralelamente, se ha abierto otra investigación, a través de la Comisión Especial de Vigilancia de las Contrataciones del consistorio, para seguir el proceso seguido en los trabajos del túnel de la Alcazaba, la obra más emblemática emprendida por el Partido Popular en esta legislatura. El portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, que preside esta comisión, ha solicitado que acuda la alcaldesa y el edil de Urbanismo, Francisco de la Torre, entre otros, para explicar el retraso que acumulan en su ejecución, así como los problemas técnicos que alega la empresa que ejecuta los trabajos y por los que ha solicitado 277 millones de pesetas más sobre el importe del proyecto, fijado en 481 millones de pesetas. Marcha atrás De la Torre, de otro lado, tuvo que dar marcha atrás hace unas semanas a un convenio que había firmado con el Colegio de Arquitectos de Málaga para que este colectivo profesional realiza informes técnicos sobre licencias de obras menores de su departamento en un intento de dar salida a la acumulación de trabajo. La decisión del edil, cuestionada por la oposición del municipio, puso en pie de guerra a los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo, quienes achacaron la demora de estos expedientes a la falta de organización que existe en este departamento municipal. De la Torre tuvo que suspender el acuerdo con el Colegio de Arquitectos. Junto a estas polémicas urbanísticas, el equipo de gobierno del Partido Popular se ha encontrado, además, con conflictos laborales en el consistorio. Celia Villalobos dio luz verde a un convenio colectivo con los empleados municipales, que los representantes sindicales casi ni se creyeron, en un intento de garantizarse la paz laboral en el consistorio durante los dos últimos años de su mandato. El acuerdo, con importantes beneficios económicos y sociales, ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a petición de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, que lo denunció al entender que los incrementos salariales que incluía iban en contra de la Ley de Presupuestos. La oposición, que no aprobó entonces el convenio, ha hecho causa común con los trabajadores y están apoyando las reivindicaciones de este colectivo municipal. El Partido Popular ha admitido que se equivocó al valorar el incremento que representaba el convenio, unos 1.000 millones de pesetas más de lo inicialmente previsto. Esta situación y la falta de presupuesto -el equipo de Celia Villalobos no ha presentado este año borrador, aduciendo que no contaba con apoyo para sacarlo adelante- le obligó a realizar varias modificaciones presupuestarias para poder hacer frente a la nómina de estos meses. Casualidades El comité de empresa del Ayuntamiento de Málaga está convencido que "es mucha casualidad" que la suspensión, decretada por el alto tribunal andaluz, del convenio coincidiera con estos problemas del equipo de gobierno del PP para hacer frente a los salarios y afirma, sin tapujos, que "la propia alcaldesa y su partido" están detrás de esta operación. Para la oposición, por su parte, los problemas con las nóminas demuestran que está "en entredicho" la supuesta mejora de la situación de las arcas municipales durante la gestión del PP. "Lo único que han hecho en tres años es renegociar hasta en dos ocasiones la deuda del consistorio con los bancos y retrasar los pagos a más largo plazo. Lo que debemos sigue siendo lo mismo que se encontraron tras la etapa de gobierno socialista, no han disminuido la deuda en una sola peseta", sentenciaba recientemente el candidato del PSOE a la alcaldía, Francisco Oliva, quien se ocupa de estos asuntos municipales a pasar de no ser aún concejal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de diciembre de 1998