Con pies de plomo

EL GOBIERNO no se considera "intérprete de la voluntad de ETA", pero "está en condiciones de concluir" que hay posibilidades de que la tregua de la organización terrorista "se consolide". Así lo dijo ayer el presidente Aznar en una comparecencia que coincidió con los tres meses del anuncio de alto el fuego por parte de ETA. El ministro del Interior había informado poco antes del traslado a cárceles de la Península de 21 reclusos de esa banda que permanecían en prisiones de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El portavoz del Gobierno relacionó estas medidas con la existencia de "contactos significativos" -se supone que con ETA y su entorno- que han convencido al Ejecutivo de que puede dar un cauteloso paso en política penitenciaria, como le había pedido el Parlamento, e incluso admitir a Euskal Herritarrok entre los interlocutores políticos del presidente.La cautela del Gobierno es comprensible. El mundo de ETA da por terreno conquistado la liberación de sus presos y quiere pasar cuanto antes a alguna forma de negociación política: cese definitivo de la violencia a cambio del reconocimiento del ámbito vasco de decisión, es decir, de los principios de soberanía y de territorialidad (Navarra y País Vasco francés). Pero el Gobierno considera que con ETA sólo cabe hablar de cuestiones relacionadas con el principio de "paz por presos". Teme, por ello, que una política penitenciaria audaz tenga el efecto de desvalorizar las medidas que pueden dar contenido al diálogo. Especialmente cuando no sólo no existe confirmación de su voluntad de renunciar definitivamente a la violencia, sino que se mantienen las coacciones contra miembros de otros partidos. Sin embargo, llama la atención que muchos de los presos beneficiados por esta medida sean precisamente los considerados más duros, lo que contradice el principio del tratamiento individualizado. En todo caso, para que avance este delicado proceso sería conveniente que las fuerzas nacionalistas democráticas ayudaran al mundo de ETA y HB a entender que el planteamiento soberanista es uno entre varios y no un derecho indiscutible, que en todo caso no es posible volver al punto cero e iniciar un nuevo proceso constituyente como si nada hubiera ocurrido en estos 20 años, y que para poder plantear un proceso de medidas de gracia para los presos de ETA el Gobierno tendría que vencer las justificadas resistencias de la opinión pública, incluso en el País Vasco. Sin embargo, los nacionalistas no sólo no realizan esa tarea de pedagogía democrática, sino que alientan la reacción contraria: diciendo que el acercamiento es una obligación legal -lo que es falso- y criticando a la vez los efectos inhumanos de la dispersión y las medidas que vienen a paliar esa situación. La burda descalificación por parte de los portavoces del PNV de esta primera flexibilización de la política penitenciaria resulta incomprensible. Y casi da la razón a quienes en su día dijeron que en unas eventuales conversaciones de paz el PNV se pasaría al otro lado de la mesa.