El PP crea un cuerpo inferior para funcionarios transferidos del Estado

Los técnicos superiores del Estado que acompañarán a las nuevas competencias transferidas a la Comunidad no podrán alcanzar puestos directivos en la Administración regional. Serán encuadrados en el Cuerpo Superior de Gestión (creado ayer por la Asamblea), a diferencia de los funcionarios regionales que seguirán en el Cuerpo Técnico Superior, donde sí hay posibilidades de ascenso hasta la dirección.

El PP impuso ayer su mayoría en la Asamblea, donde se votaron las leyes de Presupuestos y de Medidas Fiscales y Administrativas, para taponar el ascenso de los funcionarios transferidos por el Estado a la Comunidad. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, explicó ayer que estos trabajadores -cuyo número no pudo concretar- son empleados fijos de organismos como el Inem o el Insalud, y no funcionarios por oposición, como lo son los trabajadores regionales englobados en el Cuerpo Técnico Superior.Lo detalló así: "No podemos equiparar en un mismo cuerpo a personas con distinta formación, porque sería injusto para los que han aprobado una oposición muy dura". Sin embargo, el diputado socialista Modesto Nolla cree que estas diferencias provocarán una "Administración elitista". "El PP quiere crear un cuerpo de segunda división para funcionarios tranferidos", añade.

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas prevé también la creación de exenciones fiscales -25.000 pesetas por cada nacimiento de un hijo y 50.000 por el acogimiento de un anciano sin parentesco directo-, la puesta en marcha de una etiqueta ecológica para las empresas que la requieran, la retirada de la tasa a los Ayuntamientos por la aprobación de sus planes urbanísticos y un aumento impositivo en los juegos de azar. Beteta reconoció que recaudará unos 600 millones más al año gracias a este cambio en los tipos que gravarán las tómbolas y los casinos

67 enmiendas

La oposición, que presentó 67 enmiendas, sólo logró que el PP le aprobase dos: que los parados de larga duración no tengan que pagar derechos de examen en las oposiciones y que las empresas que requieran la etiqueta ecológica paguen los gastos de gestión. El resto de sus propuestas cayeron en saco roto. Por ejemplo, PSOE e IU intentaron aumentar los gravámenes del impuesto de transmisiones para las herencias más elevadas. "No tiene sentido", señaló Julio Setién, de IU, "que pague igual porcentaje el que hereda un piso y un coche que el que ingresa cientos de millones en grandes propiedades".El argumento no convenció a Pedro Muñoz (PP), quien consideró "injusto" incrementar los tipos impositivos. "No hay manera de explicar a un contribuyente que tendrá que pagar un millón de pesetas por una transmisión, mientras que otro, con una herencia valorada en una peseta más, tenga que abonar seis millones", explicó para defender su postura.

La aprobación de Ley de Presupuestos - la más importante de cada ejercicio porque regula cuánto y dónde gastará el Gobierno el presupuesto- no logró el consenso de los partidos. Beteta mantiene que con los 889.000 millones de presupuesto, el Gobierno reducirá el paro (se crearán 55.000 puestos de trabajo) y levantarán nuevas infraestructuras y equipamientos (Universidad Rey Juan Carlos, la ampliación del metro o la maternidad de O"Donnell). Lo oposición considera que las cuentas populares no servirán para nada.

El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, cree que "el PP ha dejado pasar una oportunidad única para responder a los problemas". Ángel Pérez (IU) calificó los presupuestos de "propios de una campaña electoral". Manuel Cobo, portavoz popular, defendió las cuentas y recordó que los madrileños tendrán que decidir en las urnas si los presupuestos de estos últimos cuatro años son mejores que los anteriores.