PSOE, CCOO y NI acusan al Gobierno de reformar la LRU por su cuenta

El proyecto de ley de reforma del profesorado, con el que se propone la modificación parcial de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), ha sentado como un jarro de agua fría a los responsables de educación de los partidos políticos y sindicatos. El PSOE, CC OO y NI criticaron ayer duramente al Gobierno por haber realizado el texto "por su cuenta" y sin haberles consultado."Es un proyecto que no sólo no soluciona el problema de la endogamia universitaria [los departamentos se nutren casi siempre de profesionales formados por ellos mismos, según la oposición], sino que abre nuevas vías para que se produzca", manifestó ayer la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Clementina Díez de Baldeón. Para los socialistas, el Gobierno pretende "impulsar una reforma a coste cero, que deja en manos de las comunidades autónomas su financiación, permite contratar mano de obra barata y puede provocar agravios comparativos entre profesionales", añadió.

El texto abre la posibilidad a las universidades de contratar profesores estables sin necesidad de que sean funcionarios, mediante la creación de dos nuevas figuras (profesor contratado doctor y profesor colaborador), y modifica la composición de los tribunales de oposiciones.

El responsable de Universidad de CCOO, Josep Ferrer, calificó el proyecto como "una tomadura de pelo": "No incluye mejoras, pero sí nuevos elementos de provocación. Su contenido es contrario a las peticiones de los sindicatos y las universidades. Es un proyecto que nace muerto". Entre esos elementos de provocación menciona que "se cierra la posibilidad de realizar contratos laborales, no se establecen contratos estables, sino de cuatro años, y los posibles contratados deben someterse a pruebas de habilitación estatales". Su conclusión: "Se pretende legalizar la precariedad". Para el portavoz de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya, Manuel Alcaraz, esta reforma "no garantiza la estabilidad del profesorado ni resuelve la precariedad laboral".

La ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, manifestó que con el proyecto se da respuesta a las reclamaciones de los rectores y las administraciones de las comunidades autónomas.

Por otro lado, ayer se presentó en la Autónoma de Madrid un manifiesto por la universidad pública de calidad que han suscrito tres de los seis rectores madrileños, políticos como Julio Anguita y Cristina Almeida y personalidades de la cultura, las ciencias y las artes, informa Fernando Neira. El documento reclama a las administraciones un mayor esfuerzo inversor.