Paso atrás

CASI TODO sugiere que la monumental batalla legal en torno a la suerte de Augusto Pinochet no ha hecho más que comenzar. Adoptando una decisión sin precedentes en 150 años, la Cámara de los Lores se ha corregido a sí misma y ha declarado nulo su histórico fallo del 25 de noviembre, por el que rechazaba la inmunidad soberana del dictador chileno y abría la puerta a su eventual extradición a España. El motivo es que uno de los jueces que se pronunció contra Pinochet pudo estar predispuesto a hacerlo por la vinculación no declarada en su momento con la organización humanitaria Amnistía Internacional, favorable al procesamiento del militar golpista y a la que se permitió aportar argumentos a favor de su extradición. La saga Pinochet tiene ahora una nueva cita, a mediados de enero, para que la más alta instancia judicial británica se pronuncie de nuevo sobre si el hombre que dirigió con mano de hierro los destinos de Chile durante 17 años debe o no gozar de inmunidad como ex jefe de Estado. El inesperado fallo de los lores ha puesto momentáneamente entre paréntesis el mecanismo de extradición puesto en marcha por el juez Garzón -que acusa al tirano de delitos de genocidio, terrorismo y tortura- y al que dio vía libre la semana pasada el ministro del Interior británico. Si la decisión de enero fuera a favor del general ahora lujosamente exilado en Surrey, nada impediría a éste regresar a su país. De lo contrario se iniciará un largo camino judicial.La extradición es en todas partes una parcela legal especialmente intrincada, y si los abogados de Pinochet agotan cada posibilidad a su alcance, el procedimiento podría llevar años. Aun en el caso de que perdieran todas sus apelaciones y los tribunales británicos decidieran que Pinochet debería ser extraditado, el asunto volvería a la mesa del titular de Interior, que adoptaría la decisión final de ponerle en un avión hacia Madrid o devolverle a Chile. A sus 83 años, el espadón chileno puede esperar razonablemente no sentarse nunca en el banquillo español. Pero el fondo del asunto no reside en las probabilidades de que los competentes abogados de Pinochet sean capaces de evitar que su cliente sea juzgado. A la postre, está dentro de la lógica que quien ha aplastado sistemáticamente la ley se acoja a sus resquicios más favorables para intentar escapar a la justicia. Lo que el último giro del caso pone agudamente de manifiesto es el camino erizado de trabas al progreso de un auténtico derecho internacional que debe permitir algún día el juicio sin fronteras de los tiranos. Algo falla si la vinculación tangencial de un juez con una organización que defiende los derechos humanos -en este caso, lord Hoffmann, un magistrado de reputación liberal - puede ser esgrimida técnicamente como motivo de parcialidad y recusación. Las leyes también están sometidas al sentido común; y llevado a sus últimas consecuencias, cuestionar la ecuanimidad de los juzgadores por simpatizar abiertamente más con las víctimas que con sus verdugos nos devolvería a la edad de la piedra.