Los menores tendrán voz en un organismo regional dedicado a defender sus derechos

Las políticas de atención a la infancia en Madrid tendrán unos asesores muy cualificados: los propios chavales a quienes van dirigidas. Esta participación de los menores es una de las peculiaridades de la ley que la Comunidad prepara para crear los consejos de atención a la infancia y la adolescencia, unos foros en los que, además de los niños, estarán representadas las instituciones y las ONG dedicadas a estos temas. Su objetivo es coordinar los programas de apoyo. Habrá un consejo regional y otros en cada municipio. Los muchachos acudirán sólo a estos últimos.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer remitir el borrador de la futura ley a los expertos, sindicalistas y empresarios del Consejo Económico y Social (CES) para que hagan recomendaciones sobre ella. La creación de estos consejos es uno de los objetivos de la Ley de Derechos de la Infancia aprobada en 1995 por el Parlamento regional. Con ellos, además de conocer de primera mano los intereses y necesidades de los menores, se pretende terminar con aquellos problemas de descoordinación que suelen producirse entre las instituciones estatales, autonómicas y locales dedicadas a la atención de niños y adolescentes. Estos foros se crearán en tres niveles: regional, de área y municipal. Sólo los municipales contarán con la participación de los muchachos.La presencia infantil no tiene como única finalidad conocer la opinión de los chavales. También se pretende "fomentar su participación comunitaria" e impulsar entre ellos "pautas de convivencia democrática". Serán esos mismos consejos los que establezcan cuántos niños acudirán a las sesiones y cómo se seleccionarán.

Las entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la infancia estarán representadas tanto en el órgano de ámbito regional como en los municipales y de área. Para participar en estos organismos es necesario que las ONG "estén implantadas de manera significativa" en Madrid.

El borrador de la futura ley prevé también que en cada ayuntamiento se cree una comisión de apoyo familiar para evaluar los diferentes casos de riesgo social o desamparo en el que pueden encontrarse niños de la localidad. Su función no será sólo alertar sobre situaciones difíciles que puedan vivir los chavales, se trata también de buscar soluciones a sus problemas.

Asimismo, cada municipio tendrá que elaborar un proyecto de apoyo familiar que procure el bienestar de todos los menores que viven en su territorio.

Se creará además un sistema de información con los datos personales de los niños desprotegidos al que sólo podrán acceder los trabajadores de los servicios sociales públicos. La intimidad de los pequeños se protegerá según lo establecido en la normativa que regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Además de este texto legal, el Consejo de Gobierno, reunido ayer en una sala del parlamento regional, donde se celebraba el debate presupuestario, aprobó ayer el anteproyecto de ley del parque regional del Guadarrama, una vieja iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente que por fin inicia su recorrido administrativo. Ya en 1992, el Gobierno del socialista de Joaquín Leguina aprobó un decreto que protegía 13.200 hectáreas en torno al río Guadarrama. Pero esa protección por decreto precisaba una regulación legal, que llega ahora.

Futuro parque

El futuro parque regional abarca 18 municipios situados en el oeste de la región y tiene una superficie de 16.533 hectáreas. La distancia de punta a punta en la nueva zona protegida es de 50 kilómetros.Cuando finalice la tramitación parlamentaria del texto legal, Madrid contará con cuatro parques regionales (Peñalara, Manzanares, Sureste y Guadarrama). El principal problema que sufre la futura zona protegida es el fuerte nivel de contaminación del río a su paso por la sierra, lugar donde se concentran miles de segundas residencias que atacan al área natural.

El Consejo de Gobierno también aprobó en su reunión de ayer el proyecto de ley de creación del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y su remisión al Parlamento regional, donde se tramitará en los próximos meses.

El nuevo organismo permitirá a los distintos colectivos del sector de la enseñanza participar en la programación general, que a partir del próximo año dependerá directamente de los gestores de la Comunidad de Madrid.