Propuestas para la Cataluña del siglo XXI
Éste es un resumen de las propuestas elaboradas por la plataforma Catalunya Segle XXI, presentadas en la convención celebrada el pasado jueves. Se difundirán en un volumen, que pronto saldrá a la venta, publicado por las 12 editoriales que han financiado la convención. Sus autores no pretendían que constituyera el programa electoral de Pasqual Maragall, pero sí aspiran a que se convierta en su orientación básica. No es un listado de compromisos, ni de medidas de gobierno o administración. Al decir de uno de los profesores universitarios que participó en su elaboración, su contenido refleja la renuncia a plantear el programa electoral como la continuación lógica e inevitable de una interpretación global del mundo que ha caracterizado hasta ahora a los programas electorales de los partidos, sobre todo los de las izquierdas. Lucha contra la probreza. La propuesta es situar la idea de igualdad en el centro del debate y la discusión de un nuevo contrato social que cambie las prioridades de la acción de gobierno con medidas como la redistribución del trabajo, el salario ciudadano de garantía, el mantenimiento de pensiones públicas, la garantía de acceso de vivienda, sanidad y enseñanza y el fomento de políticas activas de ocupación. Apoyo a la familia. Introducir las prestaciones económicas por hijo. Incremento de las fondos públicos para la atención a menores, jubilados y enfermos.Debate político social para el reparto equitativo de compromisos en la familia. Fomentar un nuevo contrato sexual e intergeneracional que reestructure la división tradicional entre las esferas privada y pública, ante la previsible desaparición de la familia patriarcal. La pequeña empresa. Favorecer la internacionalización, impulsar la formación de los trabajadores, y los gerentes, creación de centros tecnológicos, potenciación de los nuevos mercados en los sectores del ocio, la tercera edad y el medio ambiente. Hacer más flexible el mercado de trabajo, sin caer en la desregulación. Crear un programa público de promoción de la innovación para las pymes. Políticas comerciales de cooperación con otros países. Apoyar la relación entre la universidad, los centros de investigación y las empresas. Aumentar el reconocimiento social de la figura del empresario para promover la capacidad emprendedora del país. Vertebración del territorio. Convertir las ciudades en elementos centrales en la vertebración territorial. Para ello se propone combatir el debilitamiento de los centros urbanos, provocado por el envejecimiento de su población. Paralelamente, se propone frenar el modelo suburbano de implantación residencial, comercial e industrial que provoca la exacerbación de la movilidad y la segregación territorial de los grupos sociales. Cultura democrática. Aplicación del principio de subsidiariedad, de manera que cada problema sea tratado por la administración más próxima al ciudadano que sea capaz de resolverlo. Acceso libre a la información; ampliación de los espacios de debate y democracia directa; rendimiento periódico de cuentas de todas las instituciones públicas y privadas. Medidas contra el paro. Fomentar las políticas activas de ocupación, como la formación profesional de los parados. Reformar las prestaciones de desempleo para proteger a los más necesitados y para incentivar la búsqueda activa de trabajo. Incrementar la inversión en investigación y desarrollo y fomentar la negociación de acuerdos salariales a medio plazo. Medio ambiente. Se propone una reorganización administrativa que ponga fin a la confusión en el reparto de competencias. Garantizar la disponibilidad de los recursos naturales, en particular el agua; instaurar una política moderna de espacios protegidos y racionalizar los consumos. Afrontar los problemas creados por los pesticidas y los purines, las actividades extractivas a cielo abierto y el vertido incontrolado de residuos. Concertación de las políticas medioambientales con los agentes sociales. Educación y cohesión social. Desarrollo de la LOGSE, que se considera un instrumento adecuado para la democratización de la educación. Pero se propone la corrección de las políticas educativas para la enseñanza obligatoria, la posobligatoria y la formación continuada. Se defiende una enseñanza pública de calidad, como fórmula para combatir las desigualdades sociales, y la consecución de un nuevo equilibrio entre conocimientos y valores. Se considera la educación como una inversión social y se constata que, pese a ello, en Cataluña se le destinan menos recursos, tanto públicos como privados, que en los países del entorno europeo. Defensa del Estado del bienestar. Para reforzar el consenso social y la universalidad de las políticas sociales, se propone mejorar su gestión pública y su descentralización, la mejora de la estructura fiscal y la inserción de la dimensión social en el ámbito político europeo.
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