"Urge crear un foro medioambiental de municipios en la Unión Europea"

Cristina Álvarez Baquerizo (Madrid, 1956) es directora del Instituto para la Política Ambiental Europea, organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El pasado lunes expuso en Vitoria las tendencias más recientes de la Unión Europea en materia de Derecho Ambiental y relacionó la normativa comunitaria con las actuaciones municipales concretas en España. En el transcurso del seminario sobre Legislación ambiental y Administración local, la experta reclamó la creación de un foro en el seno de los Quince en el que los representantes de las ciudades puedan debatir y consensuar sus políticas medioambientales. Álvarez Baquerizo considera este aspecto como la "principal asignatura pendiente de la normativa ambiental europea". Pese a que los ayuntamientos son los que gestionan la política de medio ambiente en las ciudades, "su presencia en los órganos competentes de la Unión Europea es realmente ínfima, está limitada a la propia voluntad de los municipios de comparecer ante el Comité de Regiones". Esta experta insta a que se produzca un cambio y considera "urgente" la creación de un foro medioambiental de ciudades que "impulse la normativa precisa y en el que se puedan oír las voces de las poblaciones". Junto a la representatividad, Cristina Álvarez demanda la regulación de los sistemas de financiación de las actividades municipales. "Una vez normados aspectos sectoriales como el ruido, el agua o el aire, es necesario fijar cómo se financia todo esto, cómo y quién debe costear las acciones necesarias para la protección del medio ambiente en cada materia". La legislación de estos aspectos completará un proceso iniciado en 1995, año en que la UE culminó una fase dedicada a especificar los sectores prioritarios en materia medioambiental y comenzó un segundo periodo en el que centró sus esfuerzos "en fijar los elementos e instrumentos que permiten el cumplimiento de la propia normativa, elementos de gobernabilidad, de diálogo social y de participación". El cambio fue "enormemente positivo a pesar de las lagunas que aún existen", señala Cristina Álvarez, quien también considera prioritaria la implantación de indicadores ambientales "para poder efectuar seguimientos, comparar las situaciones de las ciudades y ver donde están los errores". Igual efectividad tiene, a juicio de la experta, la tendencia a "dejar los objetivos de política ambiental cada vez más en manos de administraciones competentes de cada Estado". En el ámbito español esta nueva dirección es aún más acentuada dado el amplio marco de competencias de los municipios. "La cercanía al ciudadano y al terreno concreto multiplica la eficacia de una acción de gobierno", señala. La fijación del principio de subsidiariedad, según el cual la UE sólo interviene "allí donde sea necesario", es, a su entender, un avance en la política medioambiental. A falta de indicadores en el Estado que cuantifiquen los resultados de las diferentes políticas, Álvarez destaca las conclusiones de la cumbre Hábitat 2 de la ONU para valorar la situación de España en materia ambiental. Según el escrito aprobado en este foro, 10 ciudades españolas están entre las que mejor cumplen en el mundo objetivos medioambientales.