El Gobierno afirma que un tercio de los vecinos de Barbate se han instalado en el "narco-bienestar"

,La Subdelegación del Gobierno en Cádiz va a poner en práctica un plan especial de actuación en Barbate con el objeto de frenar la creciente importancia de la economía relacionada con el narcotráfico. "En Barbate se detecta hoy el problema más claro de narco-bienestar, como antes quizás ocurría en La Línea de la Concepción" dijo ayer el subdelegado, Miguel Osuna quien añadió: "En Barbate se ha perdido totalmente el sentido de la autoridad". Según el Ayuntamiento, casi un tercio de los 22.000 habitantes de la población ni trabaja ni demanda empleo ni está inscrita en las listas del paro. "Imaginamos porqué", señaló el subdelegado del Gobierno.

Osuna cree "imprescindible" adoptar medidas para ofrecer otras opciones "legales" a las personas implicadas en actividad delictivas. Las autoridades calculan que son cientos los jóvenes llamados busquimanos que participan en el alijo de drogas -generalmente hachís- en las costas barbateñas. Éstos acceden hasta la orilla en motocicletas y llegan a percibir cantidades superiores a las 200.000 pesetas por cada intervención. "Salen hasta 150 o 200 personas cuando llega un cargamento con lo que evitan que se produzcan detenciones" admitió ayer Osuna. El subdelegado, no obstante, dijo que ese es un fenómeno que está empezando a ser controlado. El subdelegado del Gobierno puso otros ejemplos y se refirió a la proliferación de "casas lujosísimas que, por fuera, presentan un aspecto normal" y relató cómo se enriquece al margen de la ley toda la cadena productiva que nace en el dinero procedente de la droga y que termina afectando desde el albañil "que no declara su actividad" hasta "el que vende los materiales de construcción". Al margen, las autoridades han detectado diversas operaciones de venta de suelo rústico como urbanizable. Colaboración En este escenario, las Fuerzas de Seguridad, según Osuna, no han encontrado la colaboración de la Policía Local, por lo que ha sido difícil actuar dentro del casco urbano, convertido en un lugar en el que raramente se respetan las normas básicas de circulación y de seguridad ciudadana. El propio alcalde barbateño, el independiente Francisco Bueno, reconocía ayer: "Desde esta institución hemos participado en no corregir los aspectos de la seguridad ciudadana, sin advertir al ciudadano que lo está haciendo mal y hemos permitido que un defecto se convirtiera en vicio". Francisco Bueno expresó también su preocupación por los problemas derivados del narcotráfico y lamentó que haya "una mayor presencia de jóvenes de lo deseable" en torno a esas actividades. Para el alcalde, lo que Barbate necesita es "fomentar las inversiones y que haya movimiento para crear empleo". "En los últimos años", dijo, "se ha reducido la flota pesquera a la mitad y se han perdido más de 1.000 empleos que, al final, pasan a estar en la economía sumergida". La semana próxima se mantendrá otra reunión entre las instituciones implicadas con el objeto de que el dispositivo esté vigente en enero. La Subdelegación plantea, de entrada, establecer una estrecha colaboración entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Se marcarán "los puntos calientes" que precisan de una actuación continua y directa y se procederá a un reparto de tareas y de horarios que contribuya a incrementar la efectividad policial. Al margen de lo meramente policial, Osuna entiende que deben mantenerse "dispositivos continuos para una labor permanente" para ofrecer alternativas a la ciudadanía. "En caso contrario el fenómeno no se va a controlar; de nada sirve controlar al pez si no desaparece la caña de pescar", añadió. A su juicio, "la gente de bien" de Barbate debe comenzar a tener la sensación inmediata de que está protegida y que se cumplen las normas en la ciudad. "Yo estoy convencido de que muchos jóvenes se han dado cuenta de que los procesos legales culminan en la prisión, por más que tengan dinero para pagarse buenos abogados" y, en ese sentido, considera que "los implicados optarán por acceder a un empleo legal, aunque cobren mucho menos dinero". El presidente de la Federación de Coordinadoras Antidrogas de la Provincia de Cádiz, Antonio Rodríguez, expresó ayer su satisfacción por el anuncio de la Subdelegación del Gobierno y pidió "contundencia" para acabar con estos fenómenos ilegales.