Guillem Vidal y De Gispert cuestionan la eficacia de la ley de lo contencioso

La consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Guillem Vidal, mostraron ayer sus reservas hacia la eficacia de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que entró en vigor el pasado lunes. La aplicación de la ley supone la creación de siete juzgados unipersonales en Cataluña -cuatro en Barcelona y los otros tres en Girona, Lleida y Tarragona, respectivamente-, que se incrementarán en 12 más a partir del próximo mes de abril. Esos juzgados asumirán parte de las competencias que ahora corresponden a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la jurisdicción más colapsada de Cataluña, en donde se acumulan más de 36.000 recursos pendientes y cuya saturación ha sido denunciada reiteradamente por Vidal. Sin embargo, a partir de hoy los nuevos juzgados empezarán a recibir asuntos que hasta ahora no eran motivo de recurso, por lo que el efecto desatascador pueden no ser tal. "No sabemos si podrán asumir las competencias que les otorga la ley", aseguró Vidal en el breve discurso protocolario durante el acto de inauguración del edifico que acogerá a los juzgados contencioso administrativos de Barcelona, situado en el número 16 de la ronda de la Universitat. Una incógnita "No nos podemos quejar de infraestructura, pero la ley contencioso administrativa es una incógnita", aseguró también el presidente del TSJC, quien recordó que los juzgados que ahora empiezan a funcionar ya estaban previstos desde 1985. Por ello, Vidal recordó que el Gobierno podía haber optado por otras opciones, como reforzar la actual Sala de lo Contencioso y luego crear los nuevos juzgados. Por su parte, la consejera De Gispert admitió: "La ley no reducirá tantos asuntos como habíamos imaginado". También coincidió con Vidal al decir: "No sabemos qué nos deparará". Pese a todo, expresó su confianza en que la reforma legal sirva para acercar la justicia al ciudadano, pues será la primera y única instancia de los recursos que se presenten contra actos de la Administración (impuestos, licencias, multas, etcétera) cuando su cuantía no supere las 500.000 pesetas. De Gispert acabó sus palabras con una clara petición a los magistrados: "Ya tienen el continente y ahora falta que ustedes le pongan el contenido".