Portugal busca soluciones para la crisis de la justicia

Ante el posible archivo de miles de sumarios, entre ellos los casos de corrupción más importantes de la última década, el Defensor del Pueblo portugués ha alentado una contundente respuesta de aquellos que se consideren agraviados. José Menéres Pimentel les recomienda que "recurran al Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre" y "exigan al Estado las correspondientes indemnizaciones". Frente a la grave crisis del aparato judicial luso, la oposición ha propuesto medidas urgentes para combatir la lentitud de la justicia y los "privilegios" e "impunidad" de que gozan algunos responsables del poder político y económico.Un reciente acuerdo del Tribunal Supremo confirmó la posible prescripción y el posterior archivo de todos aquellos casos, anteriores a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 1995, en los que los implicados no prestaron declaración ante un juez en un plazo de entre cinco y diez años. Entre esos sumarios se encuentran la mayoría de los casos de corrupción descubiertos durante el Gobierno conservador de Aníbal Cavaco Silva (1985-1995).

Precisamente, el pasado viernes, un juez portugués decidió la puesta en libertad de tres implicados en el secuestro de un joven en Cambados (Pontevedra), uno de los cuales había sido detenido cuando custodiaba al rehén en una vivienda de la localidad de Caminha, junto a la frontera española. La sorprendente decisión judicial ha desatado las iras y la indignación de las policías de España y Portugal que habían trabajado coordinamente en la resolución del caso.

La situación no admite, pues, más dilaciones. El Partido Comunista Portugués (PCP) ha propuesto al Gobierno un programa de medidas urgentes para combatir lentitud de la justicia y erradicar los supuestos "privilegios e impunidades" que gozan altos responsables del poder político y económico. A juicio de Luis Sá, uno de los responsables del PCP, resulta "necesario hacer frente a una situación que se ha venido agravando en los últimos años" para combatir "las maniobras dilatorias en los procesos a la criminalidad organizada y de cuello blanco" así como "los privilegios e impunidades" de que gozan algunos responsables del poder político y económico. El propio presidente de la República, Jorge Sampaio, ha tenido que salir al paso de esta crisis solicitanto un amplio debate nacional sobre los problemas de la justicia, mientras que el responsable del primer partido de la oposición, el socialdemócrata Marcelo Rebelo de Sousa, explicaba que su partido está redactando un proyecto de ley para acelerar los procesos judiciales. El presidente del Supremo, Cardona Ferreira, ha reconocido que esta crisis se debe fundamentalmente al "aumento de los litigios" y "a la falta de medios humanos y técnicos para responderles".

En una insólita intervención, el fiscal general del Estado, Cunha Rodrigues, afirmaba sin ningún rubor: "Aunque esté consagrado el principio de que la justicia es igual para todos, en la práctica quien tiene más posibilidades financieras tiene acceso a más y mejores medios de defensa. Lo mismo sucede con la salud o la educación".