La obra social de las cajas, contra un nuevo convenio con la Generalitat

Los directores de la obra social de las cajas catalanas se han pronunciado contra la renovación del pacto que obliga a estas entidades a aportar 2.000 millones de pesetas para financiar programas sociales y asistenciales propuestos por la Generalitat. El primer convenio se firmó en 1998 y las entidades esperan que en los próximos días el Departamento de Presidencia de la Generalitat proponga una posible renovación del acuerdo para el año próximo. Los responsables de la obra social también han planteado modificar el sistema de reparto de las subvenciones en caso de que se vean forzados a firmar un nuevo pacto.

El alcance de la decisión de los directores de la obra social de las cajas catalanas, adoptada de forma unánime en una reunión celebrada a principios de este mes, debe ser matizada. En primer lugar porque, tal y como reconocen algunos de los asistentes, la decisión final corresponde a los directores generales y a los consejos de administración de las 10 cajas de ahorros (esta decisión se suele adoptar en el marco de la Federación Catalana de Cajas de Ahorros). En ésta tiene un peso decisivo el director general de la entidad que más dinero aporta de los 2.000 millones acordados, Josep Vilarasau, máximo responsable de La Caixa. Y, segundo dato a tener en cuenta, el responsable de la obra social de esta entidad no estuvo presente en la reunión. La decisión de los responsables de la obra social refleja el temor a que, en el caso de que se renueve el acuerdo para el año 1999, éste sea considerado ya una especie de norma de obligado cumplimiento todos los años, aunque en el futuro cambiase el color del partido gobernante. En la reunión también se acordó intentar cambiar el mecanismo de reparto del dinero si la renovación del acuerdo llega a ser inevitable. El convenio para 1998, el primero que se firmó, establecía que la Generalitat entregara a las entidades una lista de beneficiarios del dinero aportado por las cajas. Eran éstas las que luego debían ponerse de acuerdo con cada receptor para el reparto de las subvenciones. Esto comportó un complicado proceso de negociaciones que pudo resolverse gracias a que las dos primeras entidades de ahorro, La Caixa y Caixa Catalunya, representaban casi el 80% de las subvenciones. Así, determinaron que esperarían a que las otras ocho decidieran a qué entidades de la lista entregada por la Generalitat darían el dinero. Las dos grandes asumieron el resto que quedaba sin cubrir. Uno de los argumentos esgrimidos por los directivos de cajas de ahorros catalanas para resistirse al deseo del Departamento de Presidencia de la Generalitat de renovar el acuerdo es que la situación general ha cambiado. Según esas mismas fuentes, cuando el Gobierno catalán planteó el primer convenio, a finales del pasado año, la mayoría de los gobiernos autonómicos tendían a un mayor intervencionismo. En algunos casos se planteó incluso influir sobre la política de inversiones de estas entidades financieras. El Gobierno del presidente Jordi Pujol argumentó entonces que la Generalitat siempre había sido muy liberal en su política hacia las cajas de ahorros, especialmente si se comparaba su postura con lo que estaba ocurriendo en el resto de España. El mensaje implícito era que podía ser más intervencionista si no se producía un acuerdo. Pero ahora, señalan las cajas catalanas, esa corriente intervencionista ha perdido fuerza y debería reconsiderarse si es necesario revalidar el acuerdo con la Administración. De los 2.000 millones de pesetas pactados para este año, 1.072 se destinaron a subvenciones correspondientes a entidades dependientes del Departamento de Bienestar Social y 888 millones a organismos del de Cultura.