El Gobierno regional está dispuesto a reducir edificabilidad en Chamartín

El pulso que mantienen los gobiernos regional y municipal, ambos del PP, por la edificabilidad que tendrán los ochos kilómetros del nuevo paseo de la Castellana que surgirá con la Operación Chamartín, puede resolverse esta tarde. Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas, ha convocado hoy, lunes, el consejo rector de la Operación Chamartín y está dispuesto a estudiar una rebaja en la edificabilidad para que la mayor intervención urbanística prevista en la ciudad arranque. Eso sí, sin coste para la Administracción.

El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, aboga desde hace meses por elevar la edificabilidad (de 0,6 metros cuadrados de ladrillos por cada metro cuadrado de suelo quiere pasar a 0,9 metros cuadrados). Esto permitiría, además, unos beneficios suficientes para que en esos ocho kilómetros que alargarán la Castellana hasta la M-40 se levanten las infraestructuras necesarias. Además, con esa edificabilidad se permitirían una serie de edificios singulares cuya rentabilidad en cuanto a plusvalías sería más elevado. Este proyecto, idea de la Comunidad, choca con la oposición del alcalde a que la edificabilidad rebase el 0,75 metros cuadrados por metro cuadrado."Vamos a volver a hacer números y valorar los suelos para ver si hay alguna posibilidad de abaratar las infraestucturas. Hay que hacer números en dos sentidos: apretar los costes y aumentar la edificabilidad. Sigo creyendo que tendrá que estar en el entorno del 0,9", afirma Luis Eduardo Cortés, presidente del consejo rector en representación de la Comunidad.

La Operación Chamartín se planteó en 1993 para acondicionar y modernizar la estación de Renfe y dar una solución urbanística al mar de vías que parten en dos el distrito de Chamartín. En principio, la financiación debe correr íntegramente a cargo de las empresas comprometidas en el proyecto: Renfe, que cede el suelo, y Argentaria. Para emprender la colosal aventura urbanística, Argentaria y Renfe se han asociado en la sociedad DUCH (Desarrollo Urbanístico Chamartín).

Desde esta sociedad se ha apuntado la necesidad de que las administraciones públicas (Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento), presentes en el Consorcio urbanístico creado para vigilar la operación, contribuyan a los costes, ya que las infraestructuras necesarias supondrán un desembolso de unos 135.000 millones de pesetas. Pero esa opción, la de financiación pública para algunos equipamientos, ha sido rechazada reiteradamente por los responsables municipales y autonómicos.

Valor del suelo

Además de intentar buscar una postura de consenso sobre la edificabilidad, el consejo rector analizará esta tarde también el problema planteado durante las últimas semanas por los reversionistas (antiguos propietarios de suelo expropiados por Renfe, que quieren ahora su parte en las plusvalías generadas por la recalificación). "El problema de los reversionistas afecta exclusivamente a Renfe, pero, al analizar hoy el valor del suelo, será inevitable abordarlo de alguna manera", señalan fuentes del Consorcio. DUCH eludió el pasado viernes, en línea con la posición oficial que mantienen sus empresas madres, Renfe y Argentaria, manifestarse sobre si los derechos de los reversionistas pueden poner en peligro la operación."Se ha puesto en marcha el ruido antes de que haya nueces. Hasta que no se recalifiquen los terrenos, no hay por qué hablar de reversión", señalan en el consorcio. "Cuando aún no se sabe exactamente dónde se va a construir, no parece lógico que se esté diciendo que las empresas van a hacer argucias legales", apuntan las mismas fuentes.