"Confío en que Bruselas rechace las ayudas a las eléctricas"

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Madrid, de 53 años), presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), se ha convertido en el látigo de las compañías del sector, a las que considera "tradicionalmente" mal acostumbradas en sus relaciones con la Administración. El sector -y también el ministro de Industria, Josep Piqué- tiene razones para temerle y respetarle. La principal es la oposición rotunda que ha encabezado la CNSE contra la concesión adicional de 1,3 billones de pesetas a las eléctricas como compensación por la transición a la competencia, que el PP quiere santificar en forma de enmienda en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de 1999.Su rechazo se ha intensificando a medida que la CNSE ha conocido y analizado datos sobre los pactos alcanzados entre el Ministerio de Industria y las eléctricas y sus técnicos han podido elaborar informes al respecto. La Comisión no encuentra justificación alguna para que las eléctricas reciban esa cantidad de dinero, y menos aún por adelantado. Entre otras cosas, porque supone que no se reduzca la tarifa como tendría que ser y porque pueden utilizarlo en contra de la competencia; en el sector eléctrico, frenando la entrada de competidores, y en otros sectores, para catapultarse y competir en condiciones no muy similares. Algo de lo que Fernández Ordóñez sabe bastante desde su etapa anterior como presidente del Tribunal de la Competencia.

Sabe que va contra reloj, recuerda que las empresas "cuentan sólo con 15 días para prepararse a soportar unos costes durante 15 años"; pero cree que la Comisión Europea no va a permitir que el plan siga adelante, "porque va contra la competencia y por ahí no va a pasar". A él, militante socialista, le queda año y medio al frente de la CNSE, tal vez, para pesar de algunos. Pregunta. Se ha convertido usted en un verdadero dolor de cabeza para las eléctricas. Respuesta. La misión de esta comisión es introducir transperancia en el sector y la hemos cumplido. Ahora, que cada uno haga lo que quiera. Pero si nosotros no sacamos nuestros datos y nuestros informes, nadie se entera de lo que está ocurriendo. Eso me llena de satisfacción, aunque debo reconocer que, en este asunto de las compensaciones, la gente, las organizaciones de consumidores y otros agentes sociales se han preocupado más de lo que yo esperaba. Todo ello me hace ser optimista con el país. Es sensible, no burdo. Aquí ya no hace cada uno lo que quiere.

P. ¿Por qué hay que compensar la transición a la competencia?

R. La Ley Eléctrica ya reconoce unas ayudas de casi 1,3 billones y nosotros lo habíamos admitido, pero es que ahora lo quieren ampliar con otros 1,3 billones. Y por adelantado. Hay mucha gente que, cuando se planteó el debate, ha criticado que no se debe dar ni eso. Nuestra posición es más centrada y moderada, y creemos que con lo aprobado [en 1997] es suficiente. Que lo amplíen ahora está en manos del Gobierno. Nosotros ya dijimos que a la Ley Eléctrica de 1997 le faltaba competencia en la distribución y rivalidad en generación. Pero destacamos que, al menos, arrancaba el modelo anterior. Y en el caso de las compensaciones, en un momento determinado, si el Gobierno ve que no se ha introducido la competencia, puede buscar acuerdos con las empresas para cambiar, pero, si ya se han pagado por anticipado las ayudas, no lo puede hacer. Has tirado por la borda la única posibilidad de introducir competencia. ¿Qué pasaría luego si el Gobierno quiere más competencia? Pues que las empresas le van a pedir otro billón.

P. ¿Por qué se quiere cambiar ahora la ley de 1997 que ya contempla compensaciones?

R. A nosotros nos parecía bien la ley, aunque las compensaciones que contempla no se le hayan dado a nadie. No se le han dado a Telefónica, por ejemplo, que las había pedido. Es algo excepcional, pero se hace en Estados Unidos y en otros sitios. Incluso la Comisión Europea está buscando soluciones. Eso es verdad. Pero es que lo que se pretende ahora es ampliar hasta el año 2015 las ayudas con 1,3 billones más.

P. No parece, a pesar de su insistencia, que pueda cambiar el rumbo que ha tomado el asunto en el Senado.

R. Mi esperanza es que el tejido empresarial catalán se oponga, porque la enmienda perjudica a todas las industrias por beneficiar a Endesa, Iberdrola, Fenosa o Hidrocantábrico. Se les recordará siempre al PP y a sus socios catalanes que es el recargo que aprobaron.

P. Es decir, su esperanza es que CiU lo rechace. R. La verdad es que yo soy muy optimista con la Comisión Europea, y confío en que rechace las ayudas. Es muy difícil que Bruselas quiera establecer un precedente con este asunto. Cuando se plantea la apertura de sectores monopolísticos a la competencia, tienes cuatro posibilidades: una, dar competencia y no pagar nada a quienes crearon la infraestructura; dos, abrir la competencia y pagar para ayudar a recuperar las inversiones del pasado; ahora, en España se introduce una norma para pagar más por algo que ya costaba más de un billón de pesetas; y la cuarta es pagar y no abrir el mercado.

P. Evidentemente, puede sentar un precedente, porque Telefónica insiste, y hay otros sectores que aún se deben abrir a la competencia, ¿no le parece?

R. Entiendo que alguien se pregunte por qué hay que pagar una sola peseta. Y, al mismo tiempo, que Telefónica pida también compensaciones. Pero el problema no es ése. Con la ley actual, los CTC desaparecerían en tres años, y por eso quieren cambiar la ley. Quieren aprovechar la rebaja de tarifas que se produce como consecuencia de la rebaja de tipos de interés y dicen que no se va a notar. E introducen la titulización . Es de sentido común que, si se va a meter competencia, se vaya pagando en la medida en que va entrando la competencia.

P. ¿Y no se va a hacer así?

R. Es que no hay competencia en el sector. Nos hemos preparado para la competencia, pero no hay competencia. Y el problema de esto, y es por donde la UE no va a pasar, es que se conceden 1,3 billones de pesetas por adelantado y es una clara ventaja frente a los posibles competidores. ¿Quién va a entrar en este mercado con estas condiciones?

P. ¿Cree que las eléctricas utilizarán el dinero para entrar en otros sectores?

R. Yo creo que es la razón por la que alguna de las grandes empresas del país han salido al paso. Con el modelo que se quiere imponer, una eléctrica toma el dinero y se queda con el 70% de un sector, el 50% de otro y así sucesivamente. Esto es lo que realmente va a mirar la Unión Europea. A la UE no le preocupa que se cobre el 4,5% más al consumidor, o que se destine a medio ambiente o a otras cosas; pero no puede admitir que se destine a otras iniciativas empresariales porque va contra la competencia. Bruselas entiende que son ayudas como la copa de un pino y perjudica la competencia, porque se lo pueden gastar contra empresas del sector que quieren entrar en España, por un lado, y para entrar en otros sectores, por otro. Es como si Iberia, cuando entró la competencia y tuvo que bajar los billetes, le hubiera dicho a Air Europa que le pagara una parte. Elevas el precio por un lado y el resultado de esa elevación de precio te la llevas tú mismo.

P. ¿Cómo se ha hecho en otros países?

R. Estados Unidos, por ejemplo, puso en venta todas las plantas. Así se obtienen dos garantías: pagar los costes de verdad y dar entrada a la competencia. Aquí, en España, no. Aquí puedes pagar los costes de transición a la competencia y no tener competencia. Y mucho más si los pagas por adelantado como se pretende.

P. La CNSE ha dicho que, bien mirado, algunas empresas tendrían que pagar dinero.

R. Nosotros calculamos que las eléctricas van a recuperar las inversiones realizadas sin necesidad de la enmienda. Pero la pregunta es lo que se debiera pagar. Nosotros decimos que tendría que ser el valor en libros menos el valor actual neto de los activos. Si una empresa tenía en libros 500.000 millones y ahora va a ingresar 300.000, pues evidentemente va a recuperar menos y los costes de transición serían 200.000. Pero, al revisar sus cálculos, comprobamos que las hipótesis están hechas con que la vida residual de las centrales era pequeña y que el tipo de interés era muy alto, y en cuanto alteras las hipótesis y metes simplemente las que ahora dicen, hay casos en que salen negativos. Por eso decimos que se mantenga la ley de 1997, que ya es muy generosa. La comisión opina que es una opción que equilibra razonablemente los intereses de los competidores y las empresas. Lo justo, seguramente, sería que no recibieran nada. Y es que, además, no han hecho ningún documento de cálculo. Esto es tremendo. Lo lógico es que el valor de mercado lo determinara el mercado mismo, y hay mecanismo suficientes para establecer las compensaciones con criterios razonables.

P. Piqué sostiene que el análisis de la comisión es precipitado, porque así titulan uno de los informes.

R. No entendió la ironía. Como dijo Bernard Shaw, se les obliga a los negros a limpiar zapatos y luego dicen que no valen más que para limpiar zapatos. En este caso, se hace un informe precipitado y luego dicen que sólo se hacen informes precipitados.

P. Usted ha subrayado que se trata de un impuesto excepcional.

R. Y es que es un impuesto en términos materiales, aunque en términos formales no lo sea. Si lo fuera en términos formales, habría que haberlo discutido con transparencia. Es el problema de los monopolios. Es una pena, porque hasta ahora se había hecho bien con una ley muy buena. Pero negociar una tercera ley a escondidas, a espaldas del regulador, a espaldas de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico... Lo absurdo es no haber preguntado. Lo han hecho al revés. Llegan a un acuerdo y luego preguntan a la comisión.