Bolín ha pagado 837 millones en contratos que incumplen la normativa

La comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Benalmádena ha exculpado al alcalde, Enrique Bolín, de haberse prevalido de su cargo para enriquecerse, pero ha puesto de manifiesto la existencia de irregularidades administrativas en su gestión. Una de las más llamativas es la constatación del pago de al menos 837 millones de pesetas por servicios contratados sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que incluso cuentan con informe contrario del departamento técnico de Contratación del propio Ayuntamiento.

Los datos de los informes de Intervención y Contratación manifiestan que cada año es más frecuente la concesión de contratos a dedo. En 1995 los gastos de adjudicaciones fuera de procedimiento ascendieron a 22 millones de pesetas -Bolín tomó posesión en junio de aquel año-, en 1996 saltaron a 160 millones y el año pasado crecieron hasta 142 millones. Pero en los 10 primeros meses de este año se superaban ya los 512 millones de pesetas. Según el portavoz socialista y presidente de la comisión, Sergio Silva, el volumen y la cuantía de los contratos adjudicados sin respetar los procedimientos legales revela que lo que debía ser un recurso excepcional se ha convertido en la "norma de actuación habitual de los responsables municipales". Además, tanto PSOE como PP entienden que existe un "descarado favoritismo" hacia determinadas empresas de la localidad y que "Bolín utiliza las concesiones a dedo para favorecer a sus amigos". El grupo socialista ha comprobado que desde que Bolín gobierna el municipio 13 empresas han obtenido adjudicaciones por importe de 2.162 millones de pesetas en actuaciones "no significativas, pero que suman cuantías muy importantes". Pagos sin adjudicar El examen de las concesiones municipales desvela además irregularidades en las obras de ampliación del Ayuntamiento, que pese a tener un presupuesto de 597 millones de pesetas no se licitaron públicamente. La última fase, 79 millones, no ha sido aún adjudicada, pero sí pagada. Otro caso llamativo es el de una obra de reparación de cubierta en la Casa de los Artesanos, que se presupuestó en 1,2 millones de pesetas y, pese a no existir expediente de contratación, se pagaron tres facturas por importe total de 27 millones de pesetas. El PSOE estudia la documentación obtenida para decidir si acude a los tribunales, en tanto que el PP prepara una ampliación de la denuncia que el pasado mes de agosto presentó ante la Fiscalía Anitcorrupción. Precisamente aquella denuncia, en la que se aseguraba que Bolín ha saldado desde que es alcalde unas deudas de casi 1.500 millones de pesetas, motivó la constitución de la comisión de investigación en septiembre. El PP sin embargo no ha aportado el contenido de la denuncia a la comisión por recomendación de su abogado para "no entorpecer la labor de la fiscalía". El pleno, en el que el grupo de Bolín y cuatro escindidos del PP forman mayoría, ha aprobado como conclusión que "el alcalde no se ha prevalido de su cargo en beneficio propio, ni se ha detectado tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o cobro de comisiones ilegales". En la resolución no se dice nada de las irregularidades administrativas, por lo que PP y PSOE se negaron a dar su voto y presentaron a pleno sus propias conclusiones. Ambos han hecho contar su queja por la negativa del Gobierno a que se estudiaran las cuentas de las empresas municipales y a prolongar un mes la comisión.