Con la nueva ley, Jiménez no habría entrado en prisión, dice Salhaketa
VIENE DE LA PÁGINA 1 La situación penitenciaria de Mariano Jiménez se vio complicada cuando a principios de los ochenta, en la cárcel de Burgos, se ve envuelto en una pelea con arma blanca con un funcionario de prisiones. Nueva condena a 12 años por intento de homicidio. Después, la oscuridad total durante casi una década, sometido al régimen carcelario más estricto: aislamiento total en celda individual con apenas una hora diaria de salida, esposado, al patio. Así hasta que en 1993 progresa de grado por buen comportamiento. No ha tenido correspondencia, ni contacto con otros presos, ni con su familia durante años. Padece una enfermedad incurable que le produce una degeneración ósea progresiva. Su movilidad es escasa. La atención médica, constante. A pesar de ello, trabaja en prisión en talleres ocupaciones y consigue cuatro permisos de fin de semana entre los años 1996 y 1997. En todos acude a Astrain, a su pueblo, y permanece junto a su madre. Regresa siempre en hora. Sin embargo, a pesar de que su estancia en segundo grado le capacita para poder seguir cumpliendo su condena en Pamplona, cerca de sus familiares, Instituciones Penitenciarias lo traslada a principios de 1998 a Nanclares y desiste de su idea de otorgarle la libertad condicional. Los apoyos sociales externos empiezan a presionar. La asociación gitana San Fermín le ofreció una carta de trabajo, que le permitiría obtener el tercer grado en régimen abierto y regresar a prisión sólo para dormir. Sin embargo, de nada le sirve estando en Nanclares. Salhaketa pidió entonces ayuda a los partidos y el Parlamento, por unanimidad, ha respondido afirmativamente. "El estigma de la raza" Salhaketa estima que su incurable enfermedad debería ser motivo para acelerar una libertad provisional que, como pronto, obtendrá en el año 2000. Hoy en día, recuerda el letrado Manolo Ledesma, con la nueva ley penal del menor, Jiménez no entraría siquiera a la cárcel por el delito original. Salhaketa considera que el estigma de su raza, de la pobreza, de la escasa formación de su familia, han confluido para enviarle al ostracismo y negarle cualquier posibilidad de rehabilitación en estos veinte años. Ahora esperan. Los jueces de vigilancia penitenciaria dicen que no depende de ellos, sino de la Dirección general de Instituciones Penitenciarias y, en última instancia, del Ministerio del Interior. En Astrain, los servicios sociales de base han acreditado la habitabilidad de la vivienda familiar. Salvo cartas aisladas y la visita de alguna hermana, Mariano no ha tenido apenas contacto más con su familia. Su madre, cada día más enferma, vive con la hija pequeña. La familia está integrada y no presenta problemas de delincuencia. Razones humanitarias, dice el Parlamento de Navarra. "Razones de justicia", apunta Salhaketa. De momento, la dirección de Nanclares no ha recibido información alguna. La petición está en Madrid y Mariano espera.
