Los funcionarios públicos afirman que temen el trato con los inmigrantes por desconocer sus derechos Comisiones Obreras organiza el primer curso en Euskadi para enseñar cómo atenderles
Los funcionarios públicos que realizan su trabajo en contacto con inmigrantes admiten que, en muchos casos, desconocen la legislación que deben aplicar. Esta situación provoca que las relaciones entre ambos colectivos sean "dificiles". Aunque la buena voluntad, suele suplir el desconocimiento, los emigrantes se quejan a menudo de tener que cumplir con "exigencias" que no son legales, como el permiso de trabajo para empadronarse, o el de residencia para recibir el Salario de Inserción Social , cuando su situación administrativa en nuestro país está sin decidir.
Con el objetivo de paliar esta situación, el Centro de Información de Trabajadores Emigrantes (CITE) del sindicato Comisiones Obreras y el área de Formación de la Federación de Administración Pública de esta misma central sindical han organizado un curso denominado La Inmigración en España: Ley de Inmigración y Extranjería. Se trata de llenar "el vacio existente" en los conocimientos que los funcionarios públicos tienen sobre los derechos legales de los inmigrantes en nuestro país. A juicio de Comisiones Obreras, "las Administraciones públicas implicadas [estatal, autonómica, foral y local] no han tomado las iniciativas formativas necesarias, por lo que los funcionarios se enfrentan a situaciones que no saben como resolver". Roberto Marro, Asesor Jurídico de CITE, añade que las quejas mas frecuentes de los inmigrantes en Euskadi se refieren, por ejemplo, a los problemas que sufren para empadronarse. Aunque, desce hace un año, la ley tan sólo exige que se acredite la identidad, todavía se les pide en algunos ayuntamientos, el permiso de trabajo o el de residencia. Un caso parecido sufren los que solicitan el Salario de Inserción Social, que algunos inmigrantes pueden cobrar. Sin embargo, de nuevo que se les pide el permiso de residencia, que en muchos casos no poséen porque su situación de legalidad o ilegalidad se encuentra pendiente de tramitación administrativa o recurrida ante el tribunal competente. La necesidad de profesores de apoyo para los niños que no dominan el castellano es otra petición frecuente. La decisión del sindicato de programar este curso "tiene que ver con las dimensiones que el fenómeno migratorio está adquiriendo en nuestra comunidad autónoma en los últimos años, lo que está provocando situaciones nuevas, que ya son conocidas en lugares como Madrid o Barcelona". La respuesta de los funcionarios a la convocatoria ha sido "magnifica", según el responsable del área de formacion de la Federación de Administración Pública de Comisiones, José María Sagarna, quien afirma que se han presentado más de 200 solicitudes para las 25 plazas que tiene este curso. Es la primera vez que un curso de estas carácteristicas se imparte en Euskadi. Y la avalancha de solicitudes ha hecho pensar a Comisiones Obreras en la necesidad de desarrolar iniciativas similares en cada una de las provincias vascas. En este caso, los participantes en el curso que comienza mañana lunes en Bilbao, y que se prolongará toda la semana, proceden de diferentes Administraciónes públicas con competencias en materia de extranjería como: subdelegaciónes del Gobierno central, direcciones provinciales de Tráfico, Ministerio de Interior, Departamento de Interior del Gobierno vasco, Ayuntamiento de Bilbao y consejería de Justicia, Economía y Trabajo. Sagarna asegura que son frecuentes los casos de funcionarios que se acercan al sindicato para expresar "su impotencia" sobre los conflictos que surgen en el trato con los emigrantes, que en muchos casos no tiene otra razón que "el desconocimiento" de lo que se debe hacer. El curso será impartido por los abogados Victor Manuel López, Mª Helena Bedoya y Roberto Marro, que abordarán temas como los derechos fundamentales de los extranjeros en España, el régimen de residencia, la reagrupación familiar y la condición de refugiado o asilado.
