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El gasto público en asistencia social se estanca tras crecer un 125% en diez años El sector emplea a 12.000 personas y otras tantas son voluntarias

El País

El gasto de los presupuestos vascos en servicios sociales da síntomas de estancamiento desde hace dos años, después de haber crecido un 125% desde 1989, según revelan datos del Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Las casi mil entidades de asistencia social que hay en Euskadi, mayoritariamente privadas, pero financiadas con dinero público en un 71,5%, emplean a 12.000 trabajadores, sobre todo mujeres, mientras que otras 11.783 realizan tareas de voluntariado en el sector sin percibir remuneración por su colaboración.

Desde 1989 hasta hoy, el gasto en servicios sociales en la comunidad se ha multiplicado por 2,25 veces, es decir, ha crecido un 125% en pesetas constantes. Ese gasto, según datos del Eustat difundidos por Vasco Press, se situó en 82.465 millones de pesetas en 1996. El promedio de crecimiento anual puede situarse por encima del 12% desde esa fecha, pero ahora parece estancarse o al menos adapta su ritmo de crecimiento al del Producto Interior Bruto (PIB). Según los proyectos de presupuesto elaborados por las tres diputaciones, principales responsables y dispensadoras de los servicios vinculados a acción y bienestar social, el gasto será en el próximo ejercicio de 48.524 millones de pesetas. Las instituciones forales son, según los datos del Eustat, la fuente de financiación más importante para los centros asistenciales, ya que asumen el 43,5% de su financiación pública. El Gobierno autonómico y la administración central aportan un 11,5%, sobre todo en ayudas de emergencia social y salarios de inserción, y los ayuntamientos alcanzan el 12%. Un 28,5% de los gastos proviene de aportaciones privadas. Pese a que Álava presenta la financiación pública más elevada y concentra en su territorio, en relación con su población, un alto porcentaje de las instituciones de servicios asistenciales -el 19,2% de las existentes-, es la Diputación guipuzcoana la única de las tres que mantiene en su presupuesto del año próximo un crecimiento similar al de estos años pasados: un 10,6%. Se trata de una cifra equilibrada con la subida global experimentada por los prosupuestos forales para el próximo año, situada sólo una décima por encima de este ejerciciol. Por el contrario, en Álava y Vizcaya el gasto en servicios sociales crecerá este año un 3,5 y un 2,1 respectivamente, mientras que los presupuestos globales de ambas diputaciones lo hacen en un 9,6 y un 5%. En cualquier caso, las instituciones públicas financian en Euskadi el 71,5% del gasto en servicios sociales, pese a que la titularidad es privada en un 70% de loscentros y entidades que los prestan. El total de éstas, 975, -299 públicas y 676 privadas- gestionan 1.700 centros asistenciales, en los que tienen empleo remunerado algo más de 12.000 personas. En esa cifra no se contabiliza el personal subcontratado, cuyo número no deja de aumentar, sobre todo en los servicios de asistencia y ayuda domiciliaria. Las mujeres tienen un claro predominio entre los empleados del sector: son un 66% del total. Una buena parte de quienes realizan sus tareas profesionales en instituciones dedicadas a los servicios sociales son empleados y usuarios de los centros especiales de empleo. Éstos constituyen el 25% de los empleados del sector. Un 19% se dedican a labores sanitarias (médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, fisoterapeutas y otros titulados), mientras un 14% realiza tareas de dirección y administración. La mitad, voluntarios Otro 15% se enclava en los servicios de mantenimiento, hostelería y limpieza, mientras que el 11% presta labores educativas. Los técnicos, como psicólogos, logopedas o pedagogos, suponen casi un 9% del personal empleado. Junto a los profesionales que realizan su trabajo remunerado en este sector existe un elevado número de personas, casi otras 12.000, que prestan su colaboración de manera desinteresada, complementando la labor de los primeros con tareas de voluntariado por las que no reciben ninguna compensación económica. Esta significativa presencia da una idea de los costes en personal que alcanzarían estos servicios si hubieran de nutrirse únicamente de trabajadores asalariados. El gasto destinado a servicios sociales y la localización de las entidades que los prestan revela algunas significativas diferencias territoriales. Álava ubica al 19% de ellas y les destina, desde su Diputación, un 20,59% de su presupuesto, 8.578 millones de pesetas. En Guipúzcoa radican el 28,6 de ellas y el órgano foral gasta en el capítulo social un 21,55% de su presupuesto disponible, 16.233 millones en cifras absolutas. Vizcaya tiene el porcentaje más elevado de gasto en acción social, con 23.713 millones de pesetas, lo que supone el 25,32% de los 93.653 millones presupuestados para 1999. Los destinatarios de estos servicios y ayudas son fundamentalmente ancianos, personas con minusvalías de diverso tipo, mujeres solas con problemas y responsabilidades familiares, y marginados. Según la elaboración de los datos realizada por el Eustat, de los 1.700 centros que trabajan en este área, un 36% lo hace con ancianos, mientras el 20% atiende a colectivos de minusválidos físicos o psíquicos y el 13% centra su labor en personas marginadas. Niños y jóvenes cuentan con la dedicación del 6% de las entidades mientras un 5% de ellas están dirigidas en especial a mujeres. El resto, un total de algo más de 300 centros, no tienen un colectivo de población específico como objetivo y realizan tareas de carácter más general.

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