Secuestro fronterizo

LA DECISIÓN del tribunal de la localidad portuguesa de Caminha de poner en libertad a tres de los cuatro secuestradores del joven gallego José Luis Gómez Cores ha causado estupor en medios jurídicos españoles y, desde luego, contrasta con el encarcelamiento preventivo de los dos participantes en el secuestro que fueron detenidos por las autoridades españolas. El secuestro de Gómez Cores, que fue liberado el lunes en Caminha, no es un incidente que pueda ser despachado sin más, por el solo hecho de que se resolviera favorablemente.La frontera galaico-portuguesa se está convirtiendo en una zona con una alta densidad delictiva relacionada con el narcotráfico. La policía española sospecha que los delincuentes retenían al joven gallego para pedir un rescate con el que financiar un cargamento de drogas.

El juez portugués ha dictado la libertad, bajo una fianza que no llega al medio millón de pesetas, del guardián que vigilaba al secuestrado y que fue capturado en flagrante delito. También la de un presunto narcotraficante que habría negociado el cobro del rescate. Lo mínimo que cabe decir es que se trata de una decisión anómala al tratarse de un delito tan grave como un secuestro, por lo demás relacionado con una supuesta red de narcotráfico. Sólo el conocido como cerebro de la operación, Antolín Fernández Pajuelo, permanece en prisión preventiva en Portugal.

La decisión de la justicia portuguesa -que la policía de ese país ha recibido con sorpresa y malestar- puede frustrar la posibilidad de investigar exhaustivamente un caso en el que asoman inequívocas conexiones con los clanes del tráfico de drogas, que parecen moverse a sus anchas en la frontera galaico-portuguesa. Al margen de la decisión adoptada por el juez portugués, la justicia española tiene que esforzarse al máximo para aclarar todos los extremos del caso y despejar cualquier sospecha de que el dinero del narcotráfico es capaz de comprar impunidades en cualquier instancia. Nada desmoraliza más a una sociedad que la sospecha de que los narcotraficantes pueden blindarse con dinero ante cualquier acusación.