El Supremo decide investigar las denuncias de corrupción contra el PP por el 'caso Zamora'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite y asumir la investigación de la querella por corrupción presentada por el Grupo Socialista de la Diputación de Zamora contra los máximos responsables de dicha institución provincial entre 1983 y 1997, todos ellos del Partido Popular. En un auto difundido ayer, el tribunal estima que los hechos denunciados revisten "indiciariamente" caracteres delictivos y, pese a su tradicional criterio restrictivo, se declara competente al figurar entre los querellados el diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero.

Casi dos años después de que estallara, en febrero de 1997, el caso Zamora -el presunto pago de comisiones por la adjudicación de obras públicas de la Diputación Provincial- recaló ayer en el Tribunal Supremo.La Sala de lo Penal admitió a trámite la querella presentada por un grupo de diputados socialistas, se declaró competente para investigar el asunto y acordó el nombramiento de un juez instructor. Será el magistrado Joaquín Delgado, ponente de la sentencia del caso Marey, a quien le corresponde por turno, según fuentes del tribunal citadas por Europa Press.

El auto del Supremo señala que la querella presentada el 30 de junio pasado contra Luis Cid Fontán, presidente de la Diputación zamorana desde 1982 hasta 1991, y otros siete dirigentes del PP por delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones ha sido avalada por la investigación que realizó el fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, y por las propias declaraciones del ex presidente de la institución provincial Antolín Martín.

"Bajo la presidencia de Don Luis Cid Fontán", señala el auto reproduciendo la denuncia del fiscal, "se consolidó un modo de efectuar las adjudicaciones de obras y servicios que no sólo no se ajustaba a la legislación vigente, sino que de forma abierta y constante y, desde luego, con indicios de que se actuaba con pleno conocimiento de ello, se prescindía de los trámites legalmente establecidos, limitando deliberadamente la libre concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas, siempre con el propósito de beneficiar a una determinada oferta".

No al suplicatorio

El instructor, según el acuerdo de la Sala de lo Penal, podrá encomendar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la práctica de las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción (toma de declaración como testigos o imputados a una treintena de personas, requerimientos a la Diputación de Zamora y a las sociedades Tecopysa e Inzamac, y oficios al Ayuntamiento y a la institución provincial), pues el principal implicado, Luis Cid, es ahora procurador regional.Pese a recordar el "criterio restrictivo con que siempre" actúa a la hora de asumir una investigación, el Supremo ha acordado "declarar y aceptar su competencia para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de esta causa, al figurar entre los querellados un senador y un diputado".

Se refiere al senador Dionisio García Carnero, ex responsable de obras y ex vicepresidente de la Diputación, y a José Manuel Peñalosa Ruiz, actual portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de RTVE del Congreso, que fue vicepresidente de la Diputación zamorana de 1987 a 1991 y presidente provincial del PP de 1988 a 1995.

No obstante, el Supremo considera que, "en este momento, no concurren las circunstancias legalmente precisas para solicitar del Senado y el Congreso la necesaria autorización para proceder contra las personas aforadas".

En su escrito del pasado 21 de octubre, el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, pidió al Supremo que asumiese la competencia sobre el caso, pero que delegase la instrucción en el tribunal de Castilla y León, al menos "hasta que procediere, por resultar imprescindible, que la investigación tenga que dirigirse, directa, expresa y formalmente, contra las personas aforadas, lo que en este momento no resulta justificado". Según la fiscalía, "concurren indicios más precisos y numerosos" respecto a Cid que respecto a Peñalosa, "cuya participación consistió en la intervención en las decisiones colegiadas del Pleno de la Diputación Provincial", o Dionisio García Carnero, quien, "si bien ha tomado formalmente decisiones presuntamente irregulares lo hizo siempre como presidente accidental y, en todo caso, en menor número" que otros.

Además de los tres citados, la querella se dirige contra Casto Lorenzo Ortega, ex vicepresidente de la Diputación, Eustaquio Villar Villar, ex responsable de Obras de la misma, Aurelio Tomás Fernández, ex vicepresidente y actual portavoz del Grupo Popular en dicha institución y José Crespo Neches y Vicente Vaquero Merino, ex diputados provinciales del PP.

El caso Zamora lo inició el 21 de 21 de febrero de 1997 el entonces presidente de la Diputación, Antolín Martín, expulsado luego del PP, quien denunció la corrupción de sus antecesores en el cargo. La mayoría del Grupo Popular en la institución provincial le permitió controlar la comisión de investigación creada en su seno para aclarar el escándalo.