El bono-cheque no garantiza a los ancianos una calidad mínima de las residencias privadas, según el PSPV

Las residencias que dan una asistencia a los ancianos valencianos mediante los bono-cheques de la Consejería de Bienestar Social no garantizan unos mínimos de calidad y tampoco son convenientemente inspeccionadas por el Consell, según denunció ayer Nuria Espí, diputada y responsable de servicios sociales del PSPV. Además, los bono-cheques, instaurados por el PP para paliar la falta de plazas en residencias de ancianos públicas (el PP no ha construido ninguna en tres años), no generan un derecho subjetivo. "Ahora lo dan pero luego lo pueden quitar", dijo Espí, "lo que constituye un abandono de las responsabilidad pública". También denunció que centenares de mayores se quedan sin plaza por falta de presupuestos. Los socialistas han tachado de mentiras todas las promesas electorales efectuadas por el PP en los comicios de 1996 sobre la tercera edad al entender que no han cumplido ninguna. "Lo que pretende [Eduardo] Zaplana es hacer negocio de algo que es un derecho irrenunciable", argumentó ayer Joan Ignasi Pla, secretario de Organización del PSPV. Según dijo, Zaplana ha incumplido su promesa de gratuidad para los ancianos de todos los transportes públicos, la de reducir los impuestos a pensionistas, la de complementar las pensiones no contributivas, la de elaborar una Carta de Derechos de la Tercera Edad, la de crear un órgano específico para centralizar los asuntos del colectivo, la de construir residencias gero-hospitalarias, la de potenciar los consejos de bienestar social ("todavía no los creado incumpliendo así la ley de Servicios Sociales")... Pla añadió otros "desmanes" evidentemente no prometidos: el medicamentazo, la no construcción de ninguna residencia y el desvío de los mayores al sector privado.