Los sindicatos exigen claridad legal sobre la contratación foral en Vizcaya

Los sindicatos representados en la Diputación vizcaína realizarán protestas este mes para exigir a los partidos políticos que clarifiquen la legalidad de los procesos de contratación foral, muchos de ellos en los tribunales. El último auto del Tribunal Superior de Justicia, que obliga a convocar de nuevo la oferta de empleo de 1993, ha suscitado la reacción sindical. El fallo afecta en concreto a 82 trabajadores interinos que pueden perder sus plazas, según el recuento definitivo realizado por la institución.

La difusión del auto del Tribunal Superior de Justicia causó la pasada semana un auténtico revuelo en la institución vizcaína. La Diputación aseguró que la decisión judicial dejaba sin trabajo a un centenar de empleados interinos y la incertidumbre se apoderó de los trabajadores, que desconocían quiénes eran los afectados, aunque sindicatos como UGT descartaron que hubiera despidos, ya que "la mayoría de los afectados tendrán otros puestos". Una semana después, realizado el análisis interno, el auto afecta a un total de 82 plazas, de las que 33 son de auxiliares administrativos, y el resto se reparte entre 10 camareras-limpiadoras, ocho administrativos, seis ayudantes de cocina, cuatro técnicos superiores y 14 categorías más. Por departamentos, los más afectados son el área de Cultura (22 empleados interinos en esta situación), Acción Social (13) y Hacienda (12). Los sindicatos con representación en la Diputación -ELA, LAB, Comisiones y UGT- mantuvieron ayer una reunión para analizar la situación creada por este auto y otros asuntos de la política de personal foral que se encuentran en los tribunales. Dada la inminencia de las vacaciones, se descartó la convocatoria de protestas de los trabajadores y las movilizaciones se limitarán a los delegados sindicales, que quieren realizar concentraciones a lo largo de este mes. Clarificación legal Según señalaron asistentes a la reunión, hoy se difundirá una hoja informativa entre los trabajadores en las que se hace un llamamiento a los partidos políticos para que clarifiquen la situación legal de las contrataciones de personal. "En este momento, las sentencias judiciales se han ido basando en dos leyes diferentes: una que establece la movilidad en las convocatorias de ofertas de empleo y otra que dice que esto tiene que especificarse expresamente". La política de personal en la Diputación de Vizcaya ha sido motivo continuo de conflicto a lo largo de esta década. Salvo la oferta de puestos de inspectores y bomberos de este año, no existe una OPE (oferta pública de empleo) desde principios de la década y las que existen se encuentran recurridas. Idéntica situación ocurre con las relaciones de puestos de trabajo, el instrumento que fija y organiza las plantillas de las instituciones públicas y determina su estructura funcional: desde la aprobación de la primera en 1990, todas han ido siendo recurridas antes los tribunales de justicia. El pasado año, el diputado vizcaíno de Presidencia, José Luis Bilbao, cifraba los recursos judiciales en 730, de los que el 85% no ha prosperado.