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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Coacción que no cesa

Hace cinco meses y medio que no hay atentados de ETA, pero no todos los ciudadanos de Euskadi son igualmente libres. Así ha venido a recordarlo la campaña de acoso contra cargos del PP desatada por sectores del llamado MLNV con el pretexto de los presos.En octubre, primer mes de vigencia de la tregua, los actos de violencia callejera producidos en Euskadi fueron seis; en noviembre, 26. Estos últimos días ha habido ataques contra el establecimiento de un miembro del Foro de Ermua, contra una estación del ferrocarril, una sucursal bancaria y el automóvil de un policía. Grupos de acoso han entregado de manera ostentosa mensajes amenazadores a concejales del PP y las figuras de otros cargos electos de ese partido han aparecido en pasquines igualmente intimidatorios. Dirigentes nacionalistas democráticos, como Garaikoetxea, han advertido que el alto el fuego debe incluir el fin de esta violencia callejera. Pero la dirección de HB no sólo no la condena, sino que algunos portavoces de la misma la justifican con latiguillos como que "quienes mantienen secuestrados a los presos carecen de autoridad moral para denunciar amenazas". Sin embargo, los presos de ETA no están secuestrados, sino pagando las penas impuestas por los tribunales por crímenes de extraordinaria crueldad.

La cuestión, crudamente planteada, es si los pactos de los nacionalistas con HB son compatibles con la persecución de los no nacionalistas. En su comunicado de la tregua, ETA advertía que "será tarea de todos hacer frente a quienes son enemigos de ese proyecto y lo seguirán siendo. Es hora de la tan poco utilizada persecución social". No es posible que partidos democráticos sigan conversando como si tal cosa con formaciones que, como mínimo, no condenan esa persecución. Y las instituciones están obligadas a intervenir. La explicación del consejero de Interior en funciones, José Manuel Martiarena, de que no hay delito en acosar los domicilios de los cargos del PP es, como mínimo, poco convincente. Hay pocas dudas de que la Ertzaintza actuaría si el acosado fuera un dirigente del PNV.

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