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Argumento de doble filo

Emilio Lamo de Espinosa

La competencia del juez Garzón para procesar a Pinochet no trae causa del asesinato en Chile de ciudadanos españoles, sino del artículo 23.4 de la LOPJ de 1985, que, sin duda, se la otorga. Y vaya si se la otorga. Nada menos que sobre los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional y susceptibles de tipificarse, según la ley española, como genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución, trafico ilegal de drogas y estupefacientes y cualesquiera otros que, según tratados internacionales, deban ser perseguidos en España. En resumen, todos los delitos mundiales susceptibles de esa tipificación, cometidos por quien sea y donde sea y, puesto que además y en algún caso -como el genocidio-, son imprescriptibles, cuando sea. Y aunque a todos nos llene de alegría que Pinochet deba enfrentarse a sus gravísimas responsabilidades no está mal que nosotros nos enfrentemos también a las nuestras. Pues el problema no es si Garzón tiene competencia; el problema es dónde no la tiene. Y sentado el precedente de Pinochet, que puede ir seguido por los de la Junta argentina y tantos otros, la lista de los potenciales es infinita y se presta a toda demagogia: ¿Stroessner, Banzer, Salinas de Gortari? La pregunta es obvia: ¿no es simple soberbia pensar que la mal dotada Justicia española puede asumir la responsabilidad de ser el Tribunal Penal Internacional? Y, como lo que no puede ser no puede ser, ¿no dará ello lugar a procesar a unos sí y otros no, según criterios de oportunidad, lo que, al final, es otra forma de injusticia? No hay igualdad en la ilegalidad, pero, mientras Pinochet es justamente procesado, Castro se pasea por los salones más exquisitos de España, lo que es una burla para sus víctimas, que ven así como es legitimado por el simple hecho de no ser procesado.Pero es que, además, los españoles difícilmente aceptaríamos que los tribunales de otros países aplicaran sus artículos 23 para hacer lo mismo que la Audiencia. ¿Qué opinaríamos -que opinaría el PSOE- si un juez belga, aprovechando que Felipe González pasea por la Toscana, solicita su extradición por terrorismo en el caso GAL? ¿Qué habríamos pensado si un tribunal francés hubiera procesado a Carrillo, a Fraga o a Martín Villa en 1980 alegando que se habían concedido la amnistía a sí mismos? Sí, ya se que no son Pinochet, faltaría más, pero los principios jurídicos invocados podrían ser los mismos.

El problema no es, pues, si Pinochet merece ser procesado -lo que es obvio-, sino si los redactores del artículo 23 sabían que estaban creando no uno, sino miles de Tribunales Penales Internacionales. Pues ni la Justicia española está en condiciones de asumir la responsabilidad que se le ha otorgado ni lo está la de los más de 200 Estados soberanos de todo el mundo. Objeciones que, por supuesto, desaparecerían ante un Tribunal Penal Internacional, y si el caso Pinochet muestra algo es que su inexistencia es clamorosa y la oposición de los Estados Unidos inaceptable. No todo es malo en la mundialización y la opinión pública mundial no acepta ya que violaciones gravísimas de los derechos humanos queden sin castigo. Mientras tanto, es indudable que son los chilenos quienes tienen que decidir qué desean hacer con su verdugo y cómo sopesan los pros y los contras de su transición política.

No tan distinta de la nuestra, de modo que los españoles que argumentan hoy frente a Pinochet que ni olvido ni perdón deben meditar que dan la razón a quienes han argumentado que la democracia española es ficticia porque no hubo ruptura, sino pacto. Y, sobre todo, que el proceso de paz de Euskadi, no menos que el del Ulster, se asienta sobre bases muy similares: paz por perdón. También las víctimas del terrorismo de ETA (o del GAL...) nos acaban de decir que no quieren ser víctimas de nuevo, esta vez víctimas de la paz. ¿También aquí sostendremos, en todo caso, que ni olvido ni perdón? Lo que me lleva a terminar con una última pregunta, también sin respuesta: ¿se puede negociar con los derechos de las víctimas -de Pinochet, de ETA o del GAL- si eso comporta ganar la paz? Hay argumentos de doble filo que pueden cortar la mano de quien los usa.

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