El turno del río

,En su último informe, publicado el pasado día 1, el grupo de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que viene analizando el impacto del vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar, insistía en la presencia de metales pesados en algunos de los organismos que habitan en el estuario del Guadalquivir. Aunque un buen número de especies comerciales, como el boquerón, la sardina o el lenguado, no acumulan contaminantes por encima de los límites legales, otras, como la galera, el camarón y la boca, presentan valores elevados de arsénico, cobre o cadmio, según los casos. Los ecologistas consideran que ahora, más que nunca, se dan las condiciones apropiadas para ejecutar un plan de recuperación y uso sostenible del estuario del Guadalquivir y de los caladeros del Golfo de Cádiz. No se trata solo de corregir las consecuencias de este episodio y establecer un seguimiento científico permanente de estas aguas, sino de diseñar un amplio paquete de medidas ambientales que garanticen el futuro de estos ecosistemas, vitales para la cría y engorde de numerosas especies animales, algunas de ellas de elevado valor comercial. Vertidos de 1.200 empresas Según los datos que maneja Ecologistas en Acción, más de 1.200 empresas realizan vertidos contaminantes al Guadalquivir y numerosos municipios, que en total suman una población superior al millón y medio de personas, arrojan sus aguas residuales a este cauce sin someterlas a ningún proceso de depuración. Asimismo, la intensa actividad agrícola que se da a lo largo de los márgenes del río también contribuye a aumentar la presencia de determinadas sustancias químicas, como los nitratos, que interfieren en algunos procesos naturales. De hecho, los expertos del CSIC sospechan que los elevados índices de cobre que se han detectado en el estuario no sólo tienen su origen en los lodos de Aznalcóllar sino que, posiblemente, se trate de una contaminación histórica en la que ha influido decisivamente la actividad agrícola. Esta hipótesis ha podido certificarse en un escenario bien distinto: el importante volumen de partículas de cobre presente en la atmósfera del municipio sevillano de Aznalcázar se debe a la retirada de los lodos pero, igualmente, a emisiones locales de este contaminante originadas, por ejemplo, en los tratamientos de sulfatación a los que se someten algunos cultivos. La primera actuación que proponen los ecologistas es un plan de corrección de vertidos que abarque toda la cuenca del Guadalquivir. Además de solucionar, con las medidas técnicas necesarias, aquellas situaciones que están originando el aporte de sustancias contaminantes, deberían utilizarse instrumentos fiscales que gravaran las actividades en las que se originan residuos difíciles de tratar y premiaran aquellas otras que apuestan por sistemas de producción limpios. En segundo lugar, debería establecerse un mecanismo que garantizara el seguimiento científico permanente del estuario y los caladeros. De esta manera podría conocerse la evolución de las poblaciones de especies comerciales, estimar el esfuerzo máximo de explotación pesquera que soporta la zona, identificar los contaminantes presentes y su procedencia y actuar con prontitud en aquellos casos en los que se detecte alguna anomalía. El mantenimiento de la pesca pasa, necesariamente, por la regularización de la flota que actualmente faena de forma ilegal. Solo en la zona del cauce más próxima a la desembocadura se calcula que operan unas 120 embarcaciones piratas. En la mayoría de los casos usan redes mosquiteras, con una luz de malla mínima, en las que quedan atrapados alevines de numerosas especies. La Universidad de Córdoba, por encargo de la Consejería de Medio Ambiente, ha iniciado ya un trabajo de investigación a propósito de este problema, tratando de calcular el impacto que estas prácticas están causando y la mejor manera de evitarlo. Por último, Ecologistas en Acción sugiere una revisión de la normativa que regula la presencia de sustancias contaminantes en alimentos como el pescado, para evitar situaciones como las que ha desencadenado la catástrofe de Aznalcóllar. El caso más llamativo es el del arsénico, detectado en algunas de las especies comestibles que habitan en el estuario. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo considera 200 veces más tóxico que el cobre, no existe normativa que limite su presencia en determinados productos de consumo.