El Tribunal de La Haya se declara incompetente en el 'caso del fletán', que enfrentó a España y Canadá

El Tribunal de La Haya ha dado la razón a Canadá. Con el voto favorable de 12 de los 17 jueces, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas se ha declarado incompetente para entrar a estudiar el fondo del apresamiento del buque Estai, que en el año 1995 desembocó en el conflicto conocido como la guerra del fletán. La corte no ha estimado ni estimará la legalidad o ilegalidad de la acción del Gobierno de Ottawa, que apresó el buque español cuando faenaba en aguas internacionales, porque considera que se trata de un asunto de jurisdicción nacional.

"España tiene que aceptar esta decisión y la respeta", aseguró el embajador Aurelio Pérez Giralda, representante jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Abel Matutes, pero lamentó "que la corte no haya aceptado los argumentos españoles".Muy al contrario, la mayoría de los jueces del tribunal respaldaron la postura canadiense, que se apoyó en una reserva hecha en 1994, un año antes de que estallara el conflicto con España. En una declaración unilateral, las autoridades de Ottawa reconocieron la jurisdicción de la corte de La Haya "en todos los conflictos", con la excepción de aquellos que se derivaran de las medidas que tomaran en materia de conservación y gestión de los recursos pesqueros en la zona regulada por la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte. Las diferencias con España, que derivaron en un conflicto diplomático, surgieron en marzo de 1995, cuando la armada canadiense abordó al pesquero de pabellón español Estai, que pescaba fletán negro en aguas internacionales, frente a las costas del país norteamericano. Las patrulleras canadienses se dirigieron contra un grupo de barcos españoles que faenaban a unas 250 millas y, tras algunos incidentes, incluido un intento de abordaje con hombres armados, el Estai resultó apresado. El capitán fue procesado y puesto en libertad bajo fianza.

Razones ecológicas

Para apoyar semejante acción, que el Gobierno español considera un claro atentado contra la soberanía, los representantes legales canadienses arguyeron todo tipo de razones ecológicas y conservacionistas. Durante las vistas orales en junio, se respaldaron con una ley nacional que les permitía inspeccionar y registrar cualquier barco y arrestar a la tripulación que pescara en las aguas de alta mar contiguas a su zona de pesca de 200 millas, cuando fuera necesario para proteger algunas especies en peligro de extinción.De nada han servido los argumentos de España, que no aceptaba la reserva de Canadá, y defendía la necesidad de que la corte se declarara competente para juzgar "la violación de la libertad de navegación y pesca en alta mar". Pérez Giralda, que recalcó que aún quedan abiertas las vías de la negociación, ha asegurado que, tras estudiar la sentencia, Madrid "tomará las medidas necesarias para continuar defendiendo sus derechos tanto bilateralmente con Canadá como en los foros que considere apropiados".

Fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores añadieron que los argumentos españoles estaban basados "en razones objetivas y en los precedentes del propio tribunal", y destacaron que la decisión de la máxima institución judicial de la ONU se refiere exclusivamente a su competencia sobre el caso, sin establecer "pronunciamiento alguno" sobre el fondo del litigio. "Estamos convencidos de que una decisión favorable en esta fase procesal hubiese permitido al tribunal confirmar los derechos de nuestra flota a pescar en alta mar, de acuerdo con los principios de libertad garantizados por el derecho internacional", añadieron.

Acerca del caso, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, José Ramón Fuertes, aseguró ayer que la decisión del tribunal produce "inseguridad" en la flota española, informa Primitivo Carbajo. Canadá, en opinión de Fuertes, violó el derecho internacional al capturar el buque congelador.