El Parlament propone un impuesto sobre los beneficios extra de las concesionarias

El Parlamento catalán aprobó ayer una proposición no de ley del grupo socialista en la que se insta al Gobierno de la Generalitat a presentar, en un plazo máximo de seis meses, un estudio sobre la viabilidad de un impuesto sobre las empresas concesionarias de servicios públicos que tengan "beneficios excesivos". La propuesta contó con los votos a favor de todas las formaciones, excepto el PP. Por la tarde, los componentes de la declaración de Gelida decidieron convocar una pitada en los peajes para el 11 de diciembre.

Aunque la proposición aprobada por la comisión de Hacienda del Parlament está pensada especialmente para ACESA (empresa que explota la mayor parte de las autopistas en territorio catalán), amenaza a otras concesionarias de servicios públicos. El diputado del PSC Manel Nadal habló incluso de "enriquecimiento injusto". Su compañero Martí Carnicer, que defendió la proposición, adujo que si actualmente el Estado debe aportar dinero a las empresas cuando tienen pérdidas, también tiene que poder decir algo cuando tienen beneficios extraordinarios. Carnicer apuntó un mecanismo para determinar si los beneficios eran o no excesivos: el propio plan presentado por la concesionaria al optar a la concesión. Los socialistas reclaman, además, el traspaso a las comunidades autónomas de los impuestos que generan las autopistas (impuesto de sociedades y de valor añadido), que se utilizaría exclusivamente para rescatar peajes, total o parcialmente, y para rebajar otros que no tuvieran expectativa de rescate. El PSC estima en unos 25.000 millones de pesetas anuales estas aportaciones, cantidad que permitiría fácilmente la reducción entre el 20% y el 25% del precio de los peajes de las autopistas catalanas, tanto las que gestiona ACESA como las que dependen de concesiones efectuadas por la Generalitat. La principal novedad de la votación de ayer en el Parlament fue el cambio de actitud de CiU. Desde hace unas semanas, la coalición de gobierno en Cataluña viene modificando su posición ante los peajes a la vista de que la rebaja producida finalmente era rechazada en el fondo y en la forma por amplios sectores de la población. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Pere Macias, han pasado de defender el acuerdo con ACESA a presentarlo como un mal menor. El giro culminó ayer con el visto bueno al impuesto sobre las concesiones. Salvo que, advirtió la diputada socialista y alcaldesa de Mollet, Montserrat Tura, CiU esté utilizando la comisión parlamentaria sobre los peajes como un cajón donde aparcar las decisiones y una excusa para no tomarlas. ERC propuso suprimir el estudio e imponer directamente el impuesto pero, finalmente, votó a favor de la propuesta socialista. Fortaleza del Gobierno Nadal afirmó que la actitud de CiU ante los peajes es una muestra clara de que el Gobierno está agotado. "Una forma de medir la fortaleza de un gobierno es su capacidad para adelantarse a los problemas de la población; en el caso de los peajes, CiU ha ido siempre por detrás, sin saber qué actitud tenía que defender en cada momento". Los socialistas proponen también una ley catalana de autopistas y lamentan las declaraciones del secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Vilalta, anunciando que no se negociará con ACESA la gratuidad en el tramo de Tarragona, pese a haberlo reclamado por unanimidad la subcomisión del Congreso. "Es un desprecio del Ejecutivo hacia el Parlamento", dijeron Nadal y Tura. El Parlamento había aprobado una moción para que el Gobierno negociara con ACESA que los camiones circularan de forma gratuita por la autopista mientras duren las obras en la Nacional 340 a la altura de Tarragona. Si por la mañana el Parlament era el escenario de esta nueva fase para cambiar el panorama del peaje en Cataluña, por la tarde el escenario era Gelida. Allí, los miembros de la plataforma antipeajes se reunieron para decidir las primeras movilizaciones. Lo primero que hicieron fue admitir 18 nuevas incorporaciones, entre ellas los ayuntamientos de Reus, Granollers, Girona, Rubí y Vallirana; la Diputación de Lleida y los consejos comarcales de Garraf y Alt Empordà. Entre las decisiones adoptadas, la primera es una movilización popular para el 11 de diciembre. Se pide a todos los coches que crucen cualquiera de los peajes existentes en Cataluña que piten en ese mismo momento. La segunda decisión fue difundir a gran escala el texto de la declaración, que razona los argumentos contra el sistema actual de peaje, al que considera discriminatorio para algunas poblaciones en particular y para el conjunto de Cataluña de forma general. La tercera decisión consiste en que cada organismo presente en la asociación se sume al recurso contencioso administrativo presentado ya por el Consejo Comarcal del Baix Llobregat contra los acuerdos entre los gobiernos central y autonómico y ACESA. El plenario debatió la posibilidad de que todos los ayuntamientos y organizaciones presentes secundaran la decisión del Ayuntamiento de Vallirana de cancelar sus cuentas en La Caixa (principal accionista de ACESA). La decisión fue pospuesta hasta el nuevo plenario ante la conveniencia expresada de que cada organismo sopesara las posibilidades reales de llevar a la práctica la decisión.