Álava renuncia a recurrir el informe de Castilla sobre Treviño

La Diputación de Álava ha renunciado a presentar un recurso ante los tribunales contra el informe negativo de la Junta de Castilla y León sobre el referéndum de Treviño. El gabinete presidido por Félix Ormazabal (PNV) encargó un estudio jurídico a un especialista ajeno a la Administración foral con el fin de buscar argumentos con que impugnar ante el Contencioso-administrativo la decisión castellanoleonesa de denegar a los habitantes treviñeses una votación. El origen de esta polémica surgió el 8 de marzo pasado, cuando los vecinos del Ayuntamiento de Treviño acudieron a una consulta popular en la que triunfó la propuesta de celebrar un referéndum sobre su incorporación a Álava o su continuidad en Burgos. A esta decisión se sumó el pleno del otro municipio del condado, La Puebla de Arganzón. Sin embargo, para que esta previsión del Estatuto de Gernika pueda hacerse realidad se requiere un informe favorable de la Junta de Castilla y León. Éste resultó negativo. En sus argumentaciones, se aludía a razones de tipo histórico, cultural y socioeconómico para que Treviño continuara bajo la Administración castellana. Desde entonces, se han sucedido las reuniones de tipo político entre las instituciones de Valladolid y Vitoria para solucionar el conflicto. Pero de forma paralela, y ante el evidente bloqueo de las conversaciones, la Diputación de Álava ha buscado un resquicio legal para denunciar aquel informe del Gobierno del Partido Popular en Castilla y León. El informe jurídico, no obstante, desaconseja un recurso contencioso-administrativo. Un despacho experto en interpretar la Constitución e "independiente", según recalcó Ormazabal cuando lo encargó, considera nulas las posibilidades de tumbar en los tribunales los argumentos aportados por el Ejecutivo de Juan José Lucas. Conflicto político Este informe jurídico obliga a la Diputación de Álava a remitirse al terreno político, aunque este ámbito ha quedado paralizado en los últimos meses. La Comisión Mixta, creada entre las instituciones de las dos comunidades a raíz de una ponencia del Senado sobre enclaves, carece de operatividad. No se reúne desde hace más de un año. También ha fracasado la idea de los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León, que formaron una ponencia. Pero esta vía está bloqueada porque ha recibido la negativa del Parlamento vasco para concertar una reunión. El último gesto partió del Ejecutivo vasco, al solicitar directamente al Gobierno central la convocatoria del referéndum en Treviño, petición que no ha sido atendoda. Este pasado fin de semana, el partido nacionalista castellano Tierra Comunera organizó una consulta testimonial en Burgos donde el 97% de los 5.053 votantes votó a favor de que Treviño mantenga su actual situación.