El Gobierno federal, bajo presión para descentralizar Canadá

El Gobierno federal de Ottawa tendrá que estudiar cuidadosamente los resultados electorales de Quebec. No se ha producido la temida catástrofe de los liberales y, en ese sentido, el primer ministro Jean Chrétien puede respirar tranquilo: la onda expansiva de un hundimiento del voto pro Canadá podría haberle derribado. Pero han ganado los independentistas, por lo que la amenaza de un referéndum continúa viva; y, sobre todo, los electores han mostrado su insatisfacción ante el statu quo constitucional canadiense. Otras provincias aprovecharon la ocasión para reclamar reformas descentralizadoras. El federalismo centralizador propugnado por Chrétien parecía ayer difícilmente sostenible.Los otros nueve Gobiernos provinciales de Canadá coincidieron en su interpretación de las elecciones quebequesas: el tercer referéndum se alejaba en el tiempo, pero seguía en la agenda, y había fracasado la estrategia respaldada por Chrétien de enviar a Jean Charest como salvador para derrotar a los independentistas.

El líder de la oposición federal, Preston Manning, presentó ayer mismo en la Cámara de los Comunes una moción para que la llamada unión social, una reforma constitucional destinada a recortar los poderes de Ottawa, se aprobara antes de fin de año. "Las elecciones quebequesas han creado las condiciones ganadoras, no para la independencia de Quebec, sino para la mejora de todo Canadá", dijo. "Los sondeos no mienten: sean del PQ o liberales, un 73% de los quebequeses quieren cambiar la Constitución, y lo mismo ocurre en todo Canadá", añadió. Manning, líder del Partido Reformista, es un político hábil y altamente demagógico que se ha forjado una carrera en las provincias del oeste a base de combinar el desdén hacia los quebequeses con una crítica constante al Gobierno federal, copiada de los republicanos estadounidenses.

Prisa por la unión social

Manning tratará de aprovechar que el primer ministro quebequés, Lucien Bouchard, también tiene prisa por sacar adelante la unión social, y que la votación en la provincia francófona ha colocado a Chrétien en una postura delicada. Las 10 provincias canadienses alcanzaron ya en verano pasado un acuerdo sobre la unión social, por el que cada Gobierno local podría prescindir de los programas federales y cobrar en efectivo el coste de los mismos. La decisión de firmar o rechazar corresponde ahora a Chrétien. La introducción de la unión social, tal como la redactaron las provincias, en el sistema constitucional canadiense supondría reducir de forma drástica los poderes de Ottawa. En expresión del propio Chrétien, "Ottawa recaudaría impuestos, y las provincias gastarían el dinero".Pero soplan vientos de descentralización, y el problema de Quebec permanece abierto. En una declaración oficial efectuada tras el recuento quebequés, Chrétien pareció dispuesto a hablar de las reformas que, sólo unas semanas atrás, le parecían inaceptables