Aznar promete a Insulza no poner obstáculos si Blair decide repatriar al exdictador a Chile

El presidente José María Aznar prometió ayer al canciller chileno, José Miguel Insulza, que acatará la decisión que el día 11 adopte el ministro del Interior británico, Jack Straw, sobre la extradición del ex dictador Augusto Pinochet, incluso si ésta es contraria a la solicitud presentada por España, según fuentes de La Moncloa. Esta declaración fue todo lo que obtuvo ayer Insulza de sus interlocutores en Madrid, que se desentendieron del desenlace de la crisis con el argumento de que se trata de un asunto judicial y de que el futuro del general está en las manos exclusivas del Gobierno británico.

El jefe de la diplomacia chilena encontró ayer en su colega español, Abel Matutes, y en el presidente Aznar tanta comprensión y simpatía hacia su difícil labor como distanciamiento respecto a sus opiniones. Frente a la tesis de Insulza de que el proceso contra Pinochet está "altamente politizado", Aznar y Matutes insistieron en su carácter judicial y en defender la estricta neutralidad del Gobierno español, que ni siquiera deja traslucir públicamente cuáles son sus preferencias. En realidad, no es ningún secreto que las autoridades españolas respirarían aliviadas si el Reino Unido optase por devolver al general a su país y evitar así los problemas derivados de su enjuiciamiento en España, pero resultaría cuanto menos paradójico que el mismo Gobierno que ha solicitado su extradición pidiera públicamente que sea rechazada.Lo más lejos a lo que llegó el ministro español de Exteriores, en su conferencia de prensa con Insulza, fue a recordar que la legislación interna británica exige que la entrega de Pinochet sea aprobada tanto por el poder judicial como por el ejecutivo y que cualquiera de los dos podría interrumpir en cualquier momento el proceso de extradición.

Ninguna actuación.

Tras haber presentado la correspondiente demanda, agregó Matutes, "no le compete al Gobierno español ninguna particular actuación" en este caso, salvo acatar la decisión de las autoridades británicas competentes, lo que hará cualquiera que ésta sea.Pese a la parquedad de su anfitrión, el canciller chileno aseguró haber encontrado "indicaciones positivas" en las conversaciones que ha mantenido en Londres y Madrid, aunque no ha recibido, admitió, ninguna oferta o compromiso de que Pinochet será devuelto a Chile. Insulza tuvo interés en negar que las autoridades británicas le acogieran con frialdad, argumentando que se entrevistó con varios ministros -Exteriores, Comercio y Defensa- y que si no se reunió con Tony Blair fue porque éste se encontraba ausente de Londres. En Madrid no sólo vio al presidente y a dos ministros, sino también a los responsables del Parlamento, la oposición, el Poder Judicial o la patronal.

Insulza insistió en que no hay obstáculos para que Pinochet sea juzgado en Chile, pero eludió comprometerse a ello a cambio de su liberación, alegando que un Estado soberano no está obligado a dar garantías a nadie. Admitió que la detención del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas durante los últimos 25 años no ha puesto en riesgo el sistema democrático, pese a la airada reacción de los militares, pero aseguró que está afectando a la convivencia y provocando una negativa polarización social y confrontación política. El canciller chileno evitó cualquier declaración que pudiese interpretarse como una amenaza para los intereses económicos españoles en su país. "No adoptaremos decisiones que afecten en manera alguna a nuestras relaciones con España", afirmó, no sin agregar que dichas relaciones atraviesan un momento "delicado y complejo" y que en muchos aspectos no dependen del Gobierno. Respecto al contrato de compra de dos submarinos Scorpène a un consorcio hispano-francés, por 60.000 millones de pesetas, dijo desconocer que se haya hecho alguna gestión para cancelarlo, lo que, recordó, obligaría a pagar una fuerte penalización. Añadió, no obstante, que son "las personas a cargo las que deben vigilar su cumplimiento", en alusión a la Marina chilena, que goza de gran autonomía y ha amenazado ya con excluir del programa a los astilleros españoles Bazán, dejándolo en manos francesas.

Insulza aseguró que su Gobierno no pagará la defensa judicial de Pinochet y que, tras abandonar el hospital donde estaba internado, se aloja en una residencia particular "que no goza, ni gozará de inmunidad diplomática".

El ministro matizó repetidamente las declaraciones que hizo el pasado sábado cuestionando la imparcialidad de los jueces españoles, pero insistió en negar la competencia de un tribunal extranjero para juzgar delitos cometidos en su país. Otra cosa sería, agregó, un tribunal penal internacional, pero éste no existe todavía.