El desarrollo de Atotxa incluirá la construcción de 100 pisos de alquiler social

El Gobierno vasco construirá 100 viviendas de alquiler en el área de Atotxa, de acuerdo con el convenio que ayer firmaron el consejero de Vivienda y Urbanismo en funciones, Patxi Ormazabal, y el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza. No obstante, el departamento se reserva el derecho a que una parte indeterminada de estos pisos pueda destinarse a alquiler con opción de compra, lo que suscitó ayer sorpresa y un indisimulado enfado en el Ayuntamiento donostiarra, donde no se preveía bajo ningún concepto esta posibilidad. El pleno municipal aprobó el pasado mes de julio ceder al Gobierno vasco volumen edificatorio en Atotxa para que construyera 100 viviendas sociales que engrosaran el parque de pisos en alquiler. Sin embargo, el consejero Patxi Ormazabal explicó ayer, tras la firma del convenio, que el régimen de "arrendamiento protegido" incluye tanto el alquiler como el alquiler con opción a compra. Esta posibilidad no había sido barajada por el Ayuntamiento donostiarra, dado que el desarrollo urbanístico de Atotxa -donde se van a demoler el mercado de frutas y el campo de fútbol- incluye la contrucción de al menos otros 200 pisos de protección oficial que sí se destinan a venta, además de otras 100 viviendas de precio libre. Tres grupos constructores optan a la adjudicación de los proyectos. El concurso público se fallará en enero. Hasta 2,5 veces el SMI Los pisos que va a promover el Gobierno vasco se destinarán a ciudadanos empadronados en San Sebastián y los precios de los alquileres rondarán las 29.500 pesetas mensuales. Según explicó Ormazabal, el alquiler de una vivienda de 75 metros con garaje y trastero estará reservado para los solicitantes con unos ingresos de entre 1,7 y 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI). Los alquileres sin opción de compra de la vivienda se sortearán entre ciudadanos con ingresos comprendidos entre 0,65 y 2,25 veces el SMI. La construcción de las viviendas comenzará el próximo año y el plazo de ejecución se prolongará durante al menos dos años, según las ofertas de las constructoras.