Libertad pero menos

A PARTIR de hoy, 1 de diciembre, cualquier empresa de telecomunicaciones puede instalarse libremente en España y ofrecer sus servicios de telefonía básica a los usuarios. Se inicia así la liberalización del mercado de telecomunicaciones que con tantas precauciones se pactó como un proceso de apertura gradual, y que supondrá al final una explosión de ofertas y multitud de servicios, algunos de los cuales hoy sólo se atisban. La sustitución de un monopolio por un régimen de mercado produce siempre cierto vértigo empresarial y levanta expectativas de mejora entre los consumidores, tales como tarifas más baratas y un servicio mejor o, al menos, la posibilidad de exigirlo utilizando el medio más eficaz que se conoce en economía, que es la amenaza de cambiar de empresa suministradora. El futuro mercado libre parte con tres empresas operando -Telefónica, Retevisión y Uni2, que empezará su servicio hoy- y 20 nuevas licencias de operación solicitadas.Ahora bien, las expectativas exageradas de mejora para los consumidores pueden provocar una frustración en los consumidores. La mera proclamación de la libertad de mercado en la telefonía a partir de hoy no implica que tal libertad y sus efectos benéficos vayan a producirse de forma total e inmediata. Por el contrario, los hechos confirman la persistencia de obstáculos importantes en el tránsito hacia la liberalización total de los servicios. Por ejemplo, es muy dudoso que, en la práctica, se vaya a producir una competencia real en el ámbito de las llamadas locales hasta que las operadoras de cable estén en disposición de ofrecer sus servicios. Mientras tanto, las llamadas urbanas seguirán siendo un mercado exclusivo de Telefónica; por tanto, las llamadas locales se encarecerán durante algún tiempo.

Otro problema mayor amenaza el tránsito hacia la competencia. Telefónica se ha mostrado reticente -con mucha insistencia- a invertir en mejoras de la infraestructura de telecomunicaciones con el argumento de que no puede ser una sola empresa la que soporte el coste y mejora de una red que también utilizarán sus competidores. Telefónica argumenta que mantener la red le cuesta cada año 180.000 millones de pesetas más de lo que cobra a los abonados por este concepto. Para resolver la cuestión se proponen varias soluciones: aumentar la tarifa de interconexión que pagan otras compañías por utilizar la red, subir la cuota de abono que pagan los usuarios o repartir el coste entre las empresas que utilizan las infraestructuras. Todas ellas restringen la competencia o perjudican al consumidor: la primera, porque una subida de las tarifas de interconexión se trasladaría al recibo del teléfono; la segunda, por razones obvias, y la tercera, porque las nuevas compañías pueden argüir que no tienen por qué pagar una red que en muchos aspectos es tecnológicamente obsoleta. Aunque parezca paradójico, el Gobierno tiene que contribuir a resolver estos problemas, algunos de los cuales difícilmente se arreglarán sin arbitraje. También debe acelerar los trámites para eliminar todas las sombras de restricción a la libre competencia que todavía se mantienen, como el sistema de licencias, las tarifas reguladas o las compensaciones al operador dominante (Telefónica) por la pérdida de privilegios. Son indicios de que la libertad telefónica es todavía parcial y tutelada; y, por supuesto, debe vigilar para que no se produzcan colusiones entre empresas que dañen la competencia. Para que la actitud del Ejecutivo sea creíble, debe madurar su actitud, hasta ahora confusa. Porque, si bien propició una privatización acelerada de Telefónica y acortó el plazo que España tenía para liberalizar el mercado, sus decisiones posteriores han sido mucho más dudosas. Ésa es la incógnita política que hay que sumar a las económicas que plantea esta liberalización todavía parcial.