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El Poder Judicial y Mariscal dan el visto bueno a la creación del Instituto Vasco de Medicina Legal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia, que dirige Margarita Mariscal de Gante, han dado el visto bueno a la creación del Instituto Vasco de Medicina Legal, que es el pilar sobre el que se asienta la reforma integral de la medicina forense. El Gobierno vasco aprobará en su consejo del próximo martes el decreto por el que se creará el instituto. Euskadi va a ser la primera comunidad de España en contar con este servicio debido a la decidida apuesta del Departamento de Justicia por modernizar todos los ámbitos judiciales.

El instituto tendrá su sede en Bilbao, ya que la normativa obliga a ubicarlo en la capital donde tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, y se organizará, a su vez, en tres subdirecciones, una por capital de provincia. El nuevo organismo centralizará y especializará a los médicos-forenses -por medio de un convenio con Osakidetza- que realizan las pruebas periciales para los registros civiles, los juzgados, tribunales y fiscalías. Estas pruebas sirven para determinar, por ejemplo, las causas de la muerte de las personas que fallecen por razones no naturales. Contará con 74 trabajadores. Un total de 28 puestos se crearán en los próximos siete años. El instituto echará a andar formalmente una vez que el decreto del Gobierno se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (el 15 de diciembre), aunque no podrá prestar un servicio integral hasta que los médicos forenses dispongan de toda la formación requerida. Los forenses comenzarán esta especialización en abril próximo, una vez finalice el proceso de selección entre los interesados. Cada forense será liberado un año para su formación. Este proceso es uno de los aspectos más complejos del proyecto y culminará a finales de 2006. La Ley Orgánica del Poder Judicial contiene el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal, aprobado en marzo de 1996. Según el Poder Judicial, este tipo de institutos son la base para superar las deficiencias organizativas y operativas fruto de la regulación precedente, caracterizada por la falta de coordinación y planificación conjunta. Funciones Así, el Instituto Vasco de Medicina Legal asumirá las funciones que hasta ahora realizaban las clínicas y los institutos anatómico-forenses. La posibilidad de trabajar en determinados centros de trabajo frente a la dispersión actual por partidos judiciales (diferentes zonas judiciales en las que se dividen las provincias) conlleva para los forenses más posibilidades para especializarse en todos los aspectos de la medicina legal. El instituto realizará las prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas (autopsias) como clínicas (estudio de los indicios causantes de muertes o heridas) y de laboratorio (uso de las diferentes técnicas que puedan llevar a un diganóstico de las causas concurrentes en una muerte). El Gobierno vasco es competente para dictar el decreto de creación del instituto, al tener asumida la transferencia sobre provisión de medios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Según el Departamento de Justicia -al que quedará adscrito el centro-, la organización en subdirecciones permitirá una óptima utilización de los recursos al facilitar el acceso del personal a las diversas sedes judiciales o demás puntos del territorio en que sea necesaria su presencia, abaratando su coste respecto a una máxima centralización. El proyecto del departamento de Justicia, que dirige en funciones Sabin Intxaurraga, prevé la creación de una comisión de docencia e investigación y de un servicio de laboratorio forense, que quedarán adscritos a la dirección del instituto. El laboratorio otorgará autonomía funcional al trabajo que realizan los forenses del País Vasco, sin perjuicio de que se recurra al Instituto Nacional de Toxicología en los casos necesarios, como pruebas de contraste o pruebas de características específicas para las que no se encuentre dotado el laboratorio vasco. La comisión de docencia estará presidida por un catedrático o profesor universitario. En este foro participarán médicos forenses, facultativos del Instituto de Toxicología y profesores. Las subdirecciones de Vizcaya y de Guipúzcoa estarán dotadas de un servicio de patología forense y otro de clínica médico-forense, donde existirán secciones de medicina general, traumatología y psiquiatría. El servicio de clínica se encargará de los peritajes médico-legales y, en particular, del control periódico de los lesionados y de la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales. El servicio de patología forense investigará todos los casos de muerte violenta que hayan sucedido en la demarcación del instituto y sea ordenada por los jueces. También identificará los cadáveres y todo tipo de restos humanos.

Una centralización efectiva

El Instituto Vasco de Medicina Legal va a reunir en una sóla dirección los servicios que hasta ahora se prestaban a juzgados, tribunales y fiscalías. Sin embargo, esta aparente centralización va a ser contrarrestada con la creación de infraestructuras provinciales, que se articulan como otras tantas subdirecciones, para dar una cobertura más ágil a las necesidades y demandas de los órganos jurisdiccionales. Así, se va a combinar la centralización de algunos servicios del centro en Bilbao con la descentralización de otras prestaciones en los territorios. Todo ello frente a la actual dispersión de los servicios forenses por los partidos judiciales. Los médicos forenses y el resto del personal que a la entrada en vigor del decreto del Gobierno vasco trabajen en los actuales institutos anatómico forenses y en las clínicas médico-forenses quedarán integrados en la respectiva subdirección del Instituto Vasco de Medicina Legal. Mientras no queden adscritos al instituto, continuarán realizando las funciones y percibiendo las retribuciones que actualmente les corresponden. Además, hasta que no se dote al servicio de laboratorio forense y a los servicios de patología forense de los medios materiales para su funcionamiento, las actividades encomendadas por el decreto a estas unidades continuarán prestándose como hasta ahora. El proyecto también recoge que en el plazo de tres años el Departamento de Justicia revisará las normas de creación del instituto para realizar las modificaciones que fueran necesarias.

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