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VALENCIALA ALCALDESA PODRÍA INCURRIR EN ILEGALIDAD, SEGÚN EL PSPV

Toda la oposición planta a Barberá y la acusa de impedir que estudie el presupuesto municipal

Las prisas del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia por aprobar los presupuestos municipales antes de la finalización del año provocaron ayer airadas protestas de la oposición, cuyos miembros abandonaron la reunión de la comisión de Hacienda tras ver rechazada su petición de posponerla para poder estudiar con detalle las cuentas presentadas. Y es que, según los socialistas, la alcaldesa, Rita Barberá, tiene prisa, porque si no aprueba el presupuesto antes del 1 de enero puede incurrir en ilegalidad, debido a la nueva regulación del Ministerio de Hacienda en lo referente al tratamiento de la deuda de los ayuntamientos, que entrará en vigor el primer día de 1999.

Los grupos de la oposición recibieron a primera hora del pasado martes los siete tomos que ocupa el proyecto de presupuesto municipal para el próximo año. La comisión de Hacienda había sido convocada con carácter urgente para ayer por la mañana. Así, los ediles de la oposición dispusieron de apenas 24 horas para analizar la documentación. Tras reclamar, sin éxito, que la comisión fuera pospuesta a la próxima semana, todos los concejales de la oposición abandonaron la reunión. El PP aprobó en solitario el proyecto, que el próximo martes llevará a un pleno extraordinario para su visto bueno definitivo. La oposición avanzó la posibilidad de no acudir a ese pleno si el PP no cambia de actitud. Poco después y con aire triunfal, Rita Barberá presentaba el presupuesto, aunque sin facilitar ningún tipo de documentación, y aseguraba que el Ayuntamiento mantendrá el ritmo inversor, no aumentará los impuestos y seguirá "bajando la deuda". Los portavoces de los grupos explicaron posteriormente su postura y coincidieron en criticar la "prepotencia" del PP, al que descalificaron por "abusar" de su mayoría absoluta. El portavoz regionalista, Társilo Piles, fue el más duro: "Actúan con mala fe", espetó y recordó que esta semana fueron convocadas reuniones de consejo de administración de seis empresas municipales con media hora de diferencia y en edificios distintos. Tras rechazar la "actitud chulesca, caprichosa y dictatorial" de Barberá, a la que acusó de utilizar la ciudad "como un cortijo", Piles, sentenció: "Esta es la derecha de este país". El edil de UV dijo que "ni Clementina Ródenas [anterior alcaldesa socialista] se hubiera atrevido a esto". Los portavoces de los grupos de la izquierda también se refirieron a lo que tacharon de "mascarada pseudodemocrática" del PP, que con su decisión de ayer "demuestra a las claras que no cree en la democracia", según Manuel Moret, de NE. La socialista Ana Noguera indicó que la actitud de Barberá "raya en lo intolerable" y Feliciano Albaladejo, de EU, afirmó que la actitud de los populares contribuye al "empobrecimiento de la vida democrática" y "atenta gravemente contra la libertad de información". Endeudamiento excesivo Tras la polémica suscitada ayer por las prisas del equipo de gobierno en aprobar el presupuesto aparece el tema de la deuda municipal. Fuentes socialistas aseguraron ayer que Rita Barberá quiere aprobar a toda costa las cuentas antes del 1 de enero ya que de lo contrario puede incurrir en ilegalidad. Ese día entrará en vigor la nueva regulación del Ministerio de Hacienda sobre el límite de endeudamiento de los ayuntamientos. Con vistas al objetivo de déficit cero que conlleva Maastricht, la nueva norma, incluida en el proyecto de presupuestos del Estado para 1999, obliga a los ayuntamientos cuya deuda viva supere el 110% de los ingresos corrientes a negociar sus cuentas con el Gobierno. Fuentes socialistas aseguran que el Ayuntamiento de Valencia supera ampliamente ese límite, ya que aseguran que su deuda viva está en torno a los 115.000 millones de pesetas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de noviembre de 1998