Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Condena de 27 años para cada uno de los grapos que secuestraron a Cordón

Los miembros de los GRAPO Enrique Cuadra, Concepción González y José Ortín han sido condenados a 27 años de prisión cada uno como autores del secuestro con desaparición del financiero Publio Cordón, ocurrido en 1995. El tribunal no ha aceptado las alegaciones de los terroristas de que liberaron a la víctima después de que la familia pagase 400 millones por su rescate, y ha precisado que los grapos no han dado razón de su paradero.

Ortín, además, ha sido condenado a otros cinco años de cárcel por delito de falsedad continuada de documentos. El tribunal considera que los tres grapos deben indemnizar con 50 millones a Cordón por los daños morales y con 400 millones a los familiares de la víctima por el pago del rescate.Pilar Muro, esposa de Cordón, afirmó ayer que es la primera satisfacción que tiene la familia después de tres años y que se ha hecho justicia. Pese a ello, la familia Cordón ha anunciado que iniciará un procedimiento civil contra los responsables de Interior durante la etapa de Juan Alberto Belloch por "negligencia" durante la investigación del secuestro. Asimismo solicitarán la apertura de un nuevo proceso penal contra otros miembros de los GRAPO en paradero desconocido.

El tribunal ha utilizado el mismo precepto que en el caso de la desaparición de Santiago Corella, El Nani. Éste fue detenido por la policía en relación con un atraco y trasladado a la Brigada Judicial de Madrid donde fue visto por última vez en noviembre de 1983. Dos inspectores y un comisario fueron condenados a penas cercanas a los 30 años.

La sentencia recoge que Cordón, ex presidente del Consejo de Administración de la aseguradora Previasa, fue secuestrado por los grapos Fernando Silva Sande, Enrique Cuadra y José Ortín en las proximidades de su domicilio de Zaragoza cuando hacía footing. Concepción González había alquilado previamente un piso para que fuera utilizado por el comando y Ortín había alquilado un vehículo con documentación falsa.

Tras el secuestro, Cuadra contactó con la familia Cordón y algunos de sus miembros viajaron a París donde pagaron 400 millones. "A pesar de hacer entrega del rescate", dice la sentencia, "es lo cierto que Cordón no apareció posteriormente, ni se puso en contacto con su familia, no habiéndose acreditado al día de hoy su paradero, que todavía sigue siendo desconocido". Agrega también que las especulaciones sobre su liberación y que se encontraría en el extranjero no han dado resultado positivo a pesar de las investigaciones realizadas.

El tribunal dedica la mayor parte de los fundamentos jurídicos a precisar que es constitucional la condena por el delito de secuestro con desaparición, pues no supone la sospecha de que el secuestrado ha muerto. "El bien jurídico protegido en este caso no es la vida, sino la libertad y la seguridad", señala. "Por tanto, el citado tipo penal no contempla una condena por un delito de una sospecha de muerte, sino que lo que está sancionando es una probada y muy grave modalidad de detención ilegal".

Hecho incuestionable

"No es que se sospeche que se ha dado muerte al detenido", especifica la sentencia, "sino que se tiene la seguridad de su desaparición y de que no se le reintegró la libertad de la que ilegalmente estaba privado". La condena obedece a un hecho real que no se cuestiona: el secuestro de Cordón, del que los grapos acusados se declararon autores, y el hecho probado de que el financiero no ha aparecido después de su secuestro.Los magistrados han rechazado la petición del abogado José María Stampa Braun, en representación de la familia Cordón, de que los grapos fueran condenados por delito de estafa. El letrado argumentaba que los terroristas cobraron el rescate cuando ya sabían que Cordón había muerto.

Pero el tribunal considera aceptar la existencia de ese delito supondría "la certeza de la muerte de Publio Cordón, dato que en absoluto consta probado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de noviembre de 1998

Más información

  • Fijada una indemnización de 50 millones