La CEA reclama a Aznar que reconozca el censo y se ofrece para mediar con la Junta

Los empresarios andaluces reclamarán al Gobierno central que reconozca el censo real de la región. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) enviará una carta con esa reivindicación al presidente del Gobierno, José María Aznar, al ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y al presidente del PP andaluz, Javier Arenas. En la misiva se afirma que "no es de recibo" la posición del Gobierno sobre el censo y se pide a las dos administraciones que "se pongan de acuerdo" para solucionar problemas pendientes. Así lo anunció ayer en Madrid el presidente de la CEA, Rafael Álvarez Colunga, quien se ofreció como mediador entre ambas administraciones, durante la presentación de la sede madrileña de la patronal.

Los empresarios andaluces han decidido tomar partido en la lucha que la Junta mantiene con el Gobierno para que se le reconozca la población real andaluza. El comité de la CEA, reunido el pasado jueves, decidió tomar la iniciativa y aprobar la redacción de una carta en la que se reflejan sus reivindicaciones en torno al censo. Álvarez Colunga justificó la medida en que la posición del Gobierno es "insolidaria" con Andalucía. Sin embargo, también lanzó un toque de atención a la Junta. El presidente de la patronal andaluza exigió a ambas administraciones el inicio de negociaciones para solventar sus conflictos. Según Álvarez Colunga, "aquí se está jugando con el dinero de los andaluces", por lo que los respectivos Gobiernos deben "firmar un acuerdo" que haga posible solventar las consecuencias de los conflictos abiertos, como son el censo y el modelo de financiación autonómica. El dirigente patronal abogó porque se reconociera "todo" y posteriormente ambas partes pongan fin a la confrontación existente. Colunga matizó que hasta ahora la posición de los empresarios había sido neutral ante las quejas de la Junta sobre la financiación autonómica, ya que, a su entender, "los números se utilizan políticamente" El ministro de Trabajo, Javier Arenas, aceptó ayer las propuestas de Álvarez Colunga. "Ningún andaluz nos va a perdonar que no tengamos capacidad de entendimiento". No obstante advirtió a la Junta que no haga papel de oposición. Arbitraje El portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, también contestó ayer a la oferta de arbitraje empresarial: "Son muchos los intermediarios y pocos los elegidos. Todas las intermediaciones son legítimas, pero es el Gobierno de la Junta de Andalucía el que tiene que seguir su camino, en el que se incluye el diálogo". Camacho, que aseguró que el Ejecutivo sigue negociando "desde su posición" en materia de financiación autonómica, desestimó igualmente otra petición de Izquierda Unida para que el presidete andaluz, Manuel Chaves, convoque una cumbre de dirigentes políticos andaluces para abordar el sistema de financiación y la Agenda 2000 de la Unión Europea. Para Camacho, la propuesta, formulada por el coordinador de IU, Antonio Romero, debe producirse en ámbito parlamentario: "IU tiene la facultad de llevar sus iniciativas al Parlamento, donde puede ser debatida y, en su caso, llegar a un acuerdo". La oferta de la CEA la realizó ayer Colunga en la inauguración de la sede de los empresarios andaluces en Madrid. Una oficina que pretende incentivar e incrementar el papel del empresariado andaluz en los "ambientes" económicos más importantes de la capital de España. A partir de ahora los empresarios andaluces podrán solicitar asesoramiento en dicha oficina y servirá como centro de operaciones de un lobby andaluz, indicó Álvarez Colunga. Con esta nueva sede también se pretende "rechazar el aislamiento como vicio autonómico" al considerar, Colunga, que los nacionalismos económicos están "trasnochados". En un intento de acallar posibles temores desde la CEOE por la llegada del empresariado andaluz, Colunga ratificó su apoyo incondicional a dicha organización patronal aunque reclamó un reconocimiento de la importancia de la CEA por aglutinar 600 asociaciones y representar a 72 sectores productivos. Una representatividad que no ha sido suficientemente tenida en cuenta en la CEOE, por lo que se ha reclamado un mayor papel de la representación andaluza en los órganos de dirección de la patronal nacional.