Una juez reconoce el derecho a anular un contrato de multipropiedad

Una juez alicantina ha reconocido a una pareja de Elche el derecho a anular un contrato de vivienda en régimen de multipropiedad. Los interesados se arrepintieron de haber firmado tras una sesión de venta agresiva de cuatro horas. El fallo judicial se apoya en una disposición de la Unión Europea de 1994, que España debía haber incorporado hace un año, en defensa de los derechos de los consumidores.

Asunción Gregori Bosch, titular accidental del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Denia (Alicante), ha reconocido a una pareja de Elche su derecho a anular el contrato de compra de una vivienda en régimen de multipropiedad, que firmó tras ser sometida a una técnica de venta agresiva y del que se arrepintió al día siguiente. Para poder romper el acuerdo, el magistrado recurrió a una disposición europea de 1994, que España debía de haber incorporado a su legislación hace un año, para proteger a los consumidores.El abogado de los compradores arrepentidos, Luis Antón, alegó en la denuncia contra la empresa Inverholidays S. A. que una disposición europea comprometía a los Estados miembros a incorporar a sus respectivas normativas el derecho de los consumidores a anular, en el plazo de 10 días, un contrato negociado mediante aguerridas técnicas de venta, que tienden a neutralizar la voluntad de los clientes. Para Antón, la falta de una regulación en España no puede desamparar a los consumidores.

Los demandantes acudieron en marzo pasado a la urbanización Bahía Azul de Denia a una reunión en la que debían recibir un premio consistente en un viaje para cuatro personas, comunicado telefónicamente días antes por la empresa denunciada. Cuando acudieron con sus dos hijos, los vendedores precisaron que antes de recoger el premio debían someterse a una sesión de promoción de los apartamentos de la urbanización, comercializados en régimen de multipropiedad.

La familia al completo permaneció más de cuatro horas sometida a todo tipo de presiones, incluidas copas de cava para permanecer en sus asientos. La pareja rechazó varias veces la oferta que le hacían, alegando escasos recursos económicos, pero tras un bombardeo incesante sobre la multipropiedad acabaron firmando un precontrato. Los representantes de Inverholidays exigieron acto seguido una cantidad económica como señal y, dado que los clientes no disponían de dinero en efectivo suficiente, les presionaron para firmar una letra por valor de 240.000 pesetas.

Al día siguiente, con más tranquilidad, el joven matrimonio concluyó que había cometido una barbaridad no asumible para su economía, y comunicó a la empresa su deseo de anular el contrato. Los responsables de Inverholidays se negaron a devolver la letra, y ellos acudieron a un abogado amigo.

La empresa ni siquiera se presentó ante el juzgado en la vista oral, y en los últimos requerimientos utilizó a la firma Turyvac S. L. para las gestiones con el abogado de los demandantes. La juez, no obstante, decidió aplicar la normativa europea que España debió regular hace meses, dejar sin efecto el contrato y anular la letra de cambio.