Serratosa niega la versión de Romaní sobre el pago de comisiones al panameño Cedeño

Emilio Serratosa declaró ayer que no hubo ningún pacto con Arturo Romaní, en nombre de Banesto, para pagar una comisión de 1.500 millones de pesetas al panameño Jaime Domingo Cedeño y que, por tanto, no hubo habilitación de fondos para tal fin, versión de los dos acusados en la presunta estafa de la Operación Cementeras, Arturo Romaní y Mario Conde. Ayer el testigo Salvador Salort declaró que fue Romaní quien le ordenó que la sociedad Portland Iberia adquiriese a un precio preestablecido dos sociedades hormigoneras y un 10% de Isolux.

Emilio Serratosa reiteró por tercera vez, después de su dos declaraciones en la instrucción del caso Banesto, que no hubo ningún pacto entre él, por la familia Serratosa, en nombre del grupo Valenciana de Cementos, y Romaní, en nombre de Banesto, para pagar una comisión de 1.500 millones de pesetas por intermediación en el acuerdo de división del grupo cementero alcanzado en 1990.Según Romaní, y Mario Conde, los dos acusados por la llamada Operación Cementeras, los fondos para pagar esos 1.500 millones fueron generados a través de la compraventa de cuatro sociedades hormigoneras. Dos -Ariforsa y Prebetong Este- fueron vendidas por los Serratosa a una instrumental de Banesto por 57 millones de pesetas y recompradas el mismo día por 385 millones. Las otras dos, según la versión de los acusados, fueron vendidas por un precio inferior a su valor real. En la compraventa de estas dos últimas, Hormifasa y Prebetong Aragón, intervinieron sociedades vinculadas a Romaní y a Conde (Data Transmission Systems y Gay Cordon), que compraron a 176 millones y revendieron a Portland Iberia, del grupo Banesto, por 1.403 millones.

Serratosa estuvo compacto, como un muro de hormigón armado, ante la mayor parte de las preguntas de la defensa de Mario Conde. Según dijo, no recordaba las razones ni las circunstancias de la venta de las dos hormigoneras -Ariforsa y Prebetong Este- que fueron recompradas el mismo día por su grupo. Dijo que no podía hablar del asunto simplemente porque no lo recordaba. "Lo que insinúa", le dijo a Juan Sánchez-Calero, que reiteradas veces le habló de una comisión, "no es así, no hubo nunca ningún pacto. Yo no conozco al señor Cedeño; nunca nadie me habló de él ni de pagar una comisión. Luego supe de Cedeño por la prensa".

Despacho particular

Serratosa explicó que, en efecto, había negociado con Romaní, en el despacho particular de éste, el pacto para dividir el grupo cementero después de una tensión que definió como "desagradable". El letrado de Conde le preguntó por qué se había negociado en el despacho de Romaní, esto es, dijo, en "un lugar discreto", llevando al testigo a la lógica de una operación de chantaje en regla, impulsada a finales de 1989 por Banesto.Una de las armas fue una querella criminal elaborada por Mariano Gómez de Liaño, que fue presentada por directivos como Salvador Salort, entonces consejero delegado de Portland Iberia, contra directivos de empresas del grupo Valenciana de Cementos por generación de dinero negro. Serratosa restó importancia a la querella. "Estas cosas suelen ocurrir a diario. Te ponen querellas, pero lo importante es saber en qué quedan. En este caso, en nada", dijo. Sánchez Calero le hizo ver que precisamente Banesto desistió de la querella como parte del acuerdo de división del grupo cementero. Pero Serratosa no entró en el juego. La mayor parte de sus respuestas fueron: "No recuerdo".

Después de Serratosa declaró Salvador Salort, testigo propuesto por la defensa de Arturo Romaní. A preguntas del letrado de Romaní, Salort explicó que fue Romaní quien le dio instrucciones de comprar, a través de Portland Iberia, paquetes accionariales en Hormifasa y Prebetong Aragón, en 1990. El precio -1.403 millones por los dos paquetes, del 30% cada uno-, según dijo, era muy alto, ya que en aquel momento el mercado se había disparado por la entrada de sociedades multinacionales.

Necesidad de comprar

"La necesidad de comprar me la transmitió Romaní, así como el precio a pagar", dijo Salort. El letrado de Romaní le preguntó si había sido "presionado" por éste para hacer la operación. Salort dijo que "si se entiende por presión que me lo dijera Romaní, pues sí".Como Salort insistió en que el precio era muy elevado, el letrado terminó casi implorándole: "Era un precio alto, ¿pero era una operación buena para Portland Iberia?". Salort respondió que sí, que era una buena operación.

El testigo fue preguntado también por la compra de un 10% de Isolux Wat por 1.100 millones de pesetas, en enero de 1992, al grupo Euman Valyser, dirigido por Eugenio Martínez Jiménez, acusado de ser presunto testaferro de Conde. "Fue Romaní quien me dijo que había que comprar el 10% de Isolux Wat. También nos dio el precio de la operación. Luego la aprobamos por unanimidad en el consejo de Portland Iberia", dijo Salort.

La declaración de Salort, un hombre que conoció a Mario Conde en Antibióticos, supone una versión diferente a la que dio Arturo Romaní en el juicio oral. Según éste, "sobre todo, la que más interés tenía en participar con un 10% en Isolux era Portland Iberia". Romaní también dijo que la compra del 10% fue decidida por los consejeros de Portland Iberia, "ninguno de los cuales fue sometido a ningún tipo de conversación". Al ser preguntado por el fiscal en este punto, a saber, si la iniciativa de comprar el 10% fue de la Corporación Industrial,Romaní dijo: "En absoluto, nunca hubo ninguna orden".