Modelo de Estado (2)

La cuestión central a debatir en relación con la reforma del Estado es la forma de armonizar los principios de igualdad y de diferencia. A pesar de proclamar el Estado de las Autonomías, y de que los partidos estatales han tenido las mayoría democráticas suficientes, no se ha avanzado en su perfeccionamiento. El atasco en la reforma del Senado, o en la administración única, la negativa a completar los traspasos pendientes, el obstruccionismo en los legítimos deseos de participación en la construcción europea y la obsesión constante por el rescate competencial dan buena fe de ello. Interesadamente, algunos sectores catalanes han venido vendiendo en los últimos años el "modelo canadiense" de estado como una especie de ideal, donde un solo territorio, Quebec, se diferencia del resto: pero es evidente que esta experiencia no se ajusta en absoluto a la realidad del Estado español. Porque si el resto de Canadá se caracteriza efectivamente por una homogeneidad de culturas, de intereses y tendencias sociales, la realidad española es la del pluralismo y la diversidad. Por eso, el modelo español se ajusta mejor, desde siempre, a la lógica de las teorías federalistas de Proudhon o de Pi y Margall (las mismas que a su modo defendieron los padres fundadores de la Constitución americana), donde la posición de todos los territorios debe ajustarse a un principio originario de igualdad, a partir del cual cada territorio o cada comunidad puede libremente establecer sus diferencias al nivel interno. Esta posición no supone en absoluto negar el derecho a ser diferentes: todos pueden ser lo diferentes que colectivamente quieran a partir de unos recursos de partida que no pueden distribuirse en base a posiciones de privilegio. Porque detrás de la defensa de los hechos diferenciales lo que se esconde es otra cuestión mucho más sencilla: el intento de los pueblos ricos y desarrollados del norte de soltar los lastres que les vinculan a unas exigencias de cohesión social que afectan a los pueblos del sur. Y ésta no es una cuestión que dependa exclusivamente del marco estatal definido en la Constitución: es más bien un envite histórico que debemos enfrentar desde la perspectiva del marco europeo, donde el principio de unidad del mercado debe traer consigo inexorablemente el de la atención a las deseconomías sociales, con sus correspondientes políticas sociales y de bienestar que deben asegurar la cohesión. Es decir, se trata de evitar tanto los riesgos de "dumping social" (o rebaja de las condiciones sociales de producción, para ser competitivos) como los riesgos de un nuevo "imperialismo" económico interno (o consolidación de los intereses capitalistas de los territorios más desarrollados). Si el principio de unidad del mercado implica automáticamente un postulado de igualdad de todos, de igualdad de moneda, y tendencialmente de igualdad de precios, está claro que automáticamente las exigencias de cohesión implican asimismo la igualdad de todos para disponer de los recursos necesarios para atender a sus necesidades básicas y exigencias de prestación social. Andalucía no aceptó hace 20 años que se le impusieran condiciones discriminatorias en su proyecto colectivo de configuración territorial dentro del Estado español: y del mismo modo ahora tampoco puede aceptar que determinados pueblos desarrollados del norte pretendan egoístamente vendernos sus productos y renunciar a las exigencias paralelas de cohesión social que el proyecto europeo trae consigo. No se trata solamente de una exigencia de reforma de la Constitución, o de atender a las exigencias excepcionales que la oferta de paz en el País Vasco trae consigo: todos estamos afectados por el proceso de paz y todos estamos dispuestos en aportar cuanto sea necesaria para conseguirla. De lo que se trata es de saber si, en la confusión y en el mercadeo de la política territorial del Estado, hay fuerzas políticas que están apostando por la ruptura pura y simple de las condiciones democráticas y civilizadas en que los distintos pueblos de Europa se relacionan entre sí: lo que supone evidentemente entrar en una dinámica de tipo serbio, algo que debe ser rechazado radicalmente por todos y cada uno de los ciudadanos civilizados de Europa. Nuestra postura apenas ha variado con el paso del tiempo. Entre los objetivos políticos del primer congreso del entonces PSA, celebrado en 1976, se señalaba la necesidad de que se reconociera la articulación de un Estado federal en el que se recogía el principio de igualdad de todas las nacionalidades y regiones. El Partido Andalucista cree en un modelo de Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, y comparte la idea de que cada pueblo debe diseñar el marco de autogobierno y poder que estime suficiente para responder a los retos del nuevo escenario político. En este sentido, el PA propone un modelo que, desde el reconocimiento de la soberanía del pueblo andaluz, sea el resultado de un proceso pactado de asociación federativa entre pueblos libres e iguales, en el que la solidaridad es compatible con el respeto a los hechos diferenciales y las peculiaridades históricas de cada pueblo.

Pedro Pacheco es alcalde de Jerez, vicepresidente y portavoz del PA.