El edil de Cultura declara por unas anomalías en el alquiler de un local

El concejal de Cultura de Alicante, Pedro Romero, del PP, declaró ayer durante casi dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 2, María Hoyos, como imputado en un caso de presuntas irregularidades en el alquiler de un local situado en el número 8 de la calle Canalejas, destinado a convertirse en sala municipal de exposiciones. Fueron las únicas declaraciones que Romero hizo ayer, puesto que, al finalizar su comparecencia ante Hoyos, ni él ni su abogado, Javier Boix, pronunciaron comentario alguno sobre las mismas. El proceso tiene su origen en la denuncia realizada el 13 de octubre por el ciudadano Pedro Rodríguez Irizarri, en la que se recoge el proceso de arrendamiento del local y se deduce que puede existir infracción penal. En ella se señala que el contrato de alquiler favorece al arrendatario, José Jesús López Gálvez, y lesiona los intereses municipales. A Romero se le acusa de haber decidido alquilar el local por 42 millones en 10 años, cuando los técnicos de su departamento aconsejaron un importe menor. Además, López Gálvez adquirió el local 15 días después de que un informe técnico del Ayuntamiento determinara que se convertiría en local de exposiciones.