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Tribuna:

Las elecciones europeas

La importancia política global que han adquirido las pasadas elecciones en Euskadi, la sombra incierta que proyectan las elecciones catalanas con una fecha que sólo el dios Pujol conoce y la trascendencia ciudadana inmediata de las elecciones municipales, acompañadas en muchas autonomías de las regionales, hacen olvidar a menudo que dentro de siete meses, es decir, el próximo 13 de junio, se celebrarán también elecciones al Parlamento Europeo.Es éste un olvido tan explicable como se quiera, pero también políticamente peligroso, porque demuestra una falta de tensión de la conciencia de ciudadanía europea y una infravaloración de las instituciones de la Unión, cuando condicionan ya una parte muy importante del conjunto de las políticas económicas y sociales de todos los países. Incluso para los antieuropeístas más radicales se va imponiendo en la práctica que, mientras patalean con los pies, intentan trabajar en la política europea con las manos.

La construcción de la Unión Europea es un proceso avanzado, irreversible y necesario en la situación actual, pero que precisa de la participación ciudadana para su consolidación democrática. Es cierto que es el ámbito económico y comercial en el que se han producido los mayores avances y que ha venido siendo el Consejo -es decir, las relaciones intergubernamentales- el que ha acumulado la mayor capacidad de decisión. Pero a partir de ahí se impone ahora superar esta fase para entrar de lleno en una regulación plenamente participativa de la Unión, que asegure no sólo la corrección de las dinámicas devoradoras del mercado, sino que fundamentalmente elabore y practique una política social justa e internacionalmente solidaria.

Hoy, avanzar en este sentido exige sacar a la Unión de las prácticas predominantemente economicistas y situarla en el campo de la política, es decir, en el de la democracia, no sólo parlamentaria sino también social.

El Consejo debe dejar de ser el cónclave secreto en el que se negocian intereses al margen de la opinión pública, para pasar a convertirse en una cámara transparente en la que se toman decisiones por mayoría y en la que cada uno responde de su voto ante los ciudadanos. En sus funciones legislativas, el Consejo debe dar participación a las regiones, al menos en aquello que las concierne, y ha de compartir en igualdad de condiciones esa capacidad legislativa con el Parlamento Europeo, un Parlamento que debe arbitrar procedimientos de colaboración con los parlamentos estatales y de participación continuada de la sociedad civil. Todo ello, acompañado del refuerzo de la Comisión Europea, pensada con un Gobierno europeo para dirigir la política que se derive de sus competencias y, por tanto, con un presidente elegido y censurable por el Parlamento, como podría ya desprenderse de una interpretación positiva de las modificaciones de los tratados acordadas en Amsterdam.

Parece ser que en la reciente reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los días 15 y 16 de octubre en Pörtschach, sobre el futuro político de la Unión Europea, el Consejo ha iniciado una andadura más de acuerdo con las necesidades de participación política y de justicia social.

En esta cumbre, el Parlamento Europeo ha estado doblemente presente. Por una parte con la voz autorizada de su presidente, el señor José María Gil-Robles, que con la claridad que le caracteriza ha señalado las urgentes responsabilidades que tiene ante sí el Consejo. Por otra parte, con la resolución propuesta por el presidente de la Comisión Institucional, Biagio de Giovanni, y aprobada en el pleno del Parlamento Europeo por una amplísima mayoría, y que constituye un programa cuyo cumplimiento garantizaría el refuerzo de la legitimidad democrática y de la eficacia en el seno de la Unión.

En este contexto, las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 13 de junio adquieren una importancia que no debiera escapar a ningún ciudadano de la Unión. En primer lugar, porque éste es ya nuestro espacio propio, un espacio que no entra en contradicción con nuestra identidad nacional. Bien al contrario, es una vía para resolver, con naturalidad y sin innecesarias confrontaciones estériles, las aspiraciones legítimas ligadas al reconocimiento de identidades históricas. En segundo lugar, porque, de acuerdo con nuestras opiniones políticas y basándonos en la confianza que nos proporcionen los balances del trabajo realizado en la institución durante toda la legislatura, así como en la calidad de las propuestas de futuro que ofrezcan los candidatos, podremos elegir libre y responsablemente a nuestros representantes. Y, en tercer lugar, y esto es lo que hoy me parece más importante resaltar, porque una participación alta y practicada con el ejercicio de un voto consciente de la finalidad a que va destinado, sea cual sea la opción escogida, contribuirá a reforzar la autoridad democrática del Parlamento Europeo y hará a cada votante más europeo, al margen de la cantidad de euros que lleve en el bolsillo.

Antoni Gutiérrez Díaz es vicepresidente del Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de noviembre de 1998