El Gobierno catalán aprueba la parte que le corresponde de la Carta Municipal de Barcelona

El Gobierno catalán aprobó el martes la Carta Municipal de Barcelona, en la parte que corresponde a las competencias de la Generalitat. El próximo paso es la aprobación de este proyecto en el Parlament antes de enero, porque de otra forma es posible que el calendario electoral lo aplace muchos meses. Trias destacó que ha sido muy trabajoso alcanzar el consenso en la comisión mixta Gobierno catalán / Ayuntamiento de Barcelona. También advirtió que será más difícil conseguir que la Administración central apruebe la parte correspondiente a las competencias estatales.

Si el forcejeo entre el Ayuntamiento y el Gobierno catalán ha durado años, Trias auguró que la negociación con el Gobierno central puede ser más dura, difícil y compleja. A título de ejemplo, explicó que la propuesta municipal contiene la reclamación de una participación en el impuesto sobre los carburantes de los automóviles. "Nosotros también lo reclamamos para la Generalitat y no lo hemos conseguido", dijo para dar a entender lo que le aguarda todavía a la Carta Municipal. Eso en el caso de que el Parlament apruebe el proyecto antes de fin de año. No parece imposible, porque las fuerzas políticas representadas en el Parlament son las mismas que han alcanzado el consenso entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno catalán. Aunque con la salvedad de ERC y el Grupo Mixto, que ya han anunciado su intención de defender sus enmiendas al proyecto. Si Pujol adelanta las elecciones autonómicas a marzo de 1999, como parece dispuesto a hacer, la vida política entrará ya en un ciclo electoral que durará más de un año y que dejaría a la carta en un segundo plano, caso de no ser aprobada antes. En junio de 1999 corresponde celebrar elecciones municipales y, una vez celebradas, se entrará ya en la recta que llevará a las legislativas del año 2000, si Aznar no las adelanta a otoño de 1999. La enumeración del contenido de las materias reguladas por la Carta Municipal en la parte acordada por el Ayuntamiento y la Generalitat indica la importancia del proyecto. Trias destacó en primer lugar un elemento simbólico, que nunca ha estado en discusión, pero que no figura en el Estatuto de Autonomía: el reconocimiento legal de que Barcelona es la capital de Cataluña. El proyecto aprobado instituye los mecanismos de colaboración y gestión conjunta entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno catalán. Se llevará a cabo mediante consorcios en el ámbito de la vivienda, los servicios sociales y la educación, que se añaden a los ya existentes de sanidad y transportes. Se creará también una agencia de salud pública y medio ambiente. Representantes del Ayuntamiento y del Gobierno catalán formarán la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona, que estará presidida por el consejero de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno catalán. El proyecto refuerza la autonomía municipal; por vez primera reconoce el principio de defensa ante el Tribunal Constitucional, y profundiza la descentralización dando más protagonismo a los distritos. También se prevé la participación del Ayuntamiento en otros muchos aspectos relacionados con la vida de los ciudadanos, como los deportes, las actividades juveniles, el tráfico, las telecomunicaciones, la seguridad ciudadana, etcétera. El Gobierno aprobó también en su reunión del pasado martes la creación de un servicio telefónico de atención al ciudadano. Será el número 012 y entrará en funcionamiento en enero de 1999, de 8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 8.00 a 14.00 horas los sábados. Entre los acuerdos tomados destacan el decreto de la deuda pública de la Generalitat en el exterior -por un importe máximo de 29.110 millones de pesetas en dólares estadounidenses- y la aprobación del anteproyecto de ley del Centro de la Propiedad Forestal. Su objetivo es coordinar la gestión de los bosques de propiedad privada, que constituyen el 70% de la masa forestal catalana.