Condenado a cadena perpetua en París un etarra promotor de la tregua

El Tribunal Criminal de París condenó ayer en rebeldía a cadena perpetua a José Arrieta Zubimendi, Azkoiti, de 53 años, uno de los responsables de ETA, por complicidad en un asesinato cometido en 1985. Arrieta Zubimendi es considerado uno de los artífices de la tregua de ETA anunciada el 16 de septiembre y ya encabezó la búsqueda de una salida negociada al conflicto vasco en 1992, que se conoció como la vía Azkoiti.

Arrieta ha sido sentenciado a prisión de por vida por haber organizado el 6 de agosto de 1985 el asesinato en Castellón del restaurador francés Clément Perret, de quien los terroristas creían que se dedicaba a reclutar mercenarios para los GAL y al narcotráfico. Azkoiti, que ingresó en ETA en los años 70 cuando la organización terrorista estaba en manos de Juan José Echave, llegó a formar parte de la cúpula de la banda con Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, y José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto. Fue responsable del comando Itinerante que lideraba Henri Parot y asumió las finanzas de ETA. En 1986 fue detenido en Francia tras el hallazgo del zulo de la cooperativa Sokoa de Hendaya, en el que, además de armas y misiles tierra-aire, había abundante documentación que constituía la contabilidad etarra.Arrieta fue condenado a cinco años por asociación de malhechores en Francia y puesto en libertad en julio de 1992 al encabezar la vía Azkoiti. La juez Laurence Le Vert volvió a procesarle y fue trasladado a París, donde quedó confinado por orden de la judicatura francesa. Meses más tarde dejó de cumplir su obligación de presentarse ante la Justicia dos veces al mes y pasó a la clandestinidad.

A finales de 1994 la Policía consideraba que se había vuelto a integrar en ETA. El juez Baltasar Garzón le procesó por facilitar el dinero que sirvió para cometer el atentado el día 14 de junio de 1986 por el comando Madrid en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que fueron asesinados doce guardias civiles.

En mayo de 1997 figuraba en el nuevo organigrama elaborado por los servicios antiterroristas, como componente del aparato político junto con Mikel Albizu, Antza, y José Luis Ansola. Otros medios le situaban a finales de 1997 como nuevo miembro del comité ejecutivo de la banda, junto con Ignacio Gracia Arregui y Antza.

Por otra parte, la petición de asilo político en Holanda de Maite Gabriel, que se declaró "miembro de ETA" y que llegó a Amsterdam el sábado procedente de México con pasaporte falso, será examinada hoy. Gabriel, de 41 años, espera la decisión en un centro de acogida de extranjeros y tendrá que declarar ante un funcionario de inmigración, según informó ayer el Ministerio de Justicia en La Haya. "Nunca ha sucedido que un ciudadano de la Unión Europea haya pedido asilo en Holanda, pero en teoría puede pedirlo y, en teoría también, ella puede apelar el fallo inicial", dijo un portavoz de ese ministerio, quien aseguró que en una o dos semanas se resolverá si procede el asilo. Su abogado en España, Íñigo Elkoro, se desplazará a Holanda para defender a Gabriel. El secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, anunció que España no solicitará la extradición de la etarra porque la acusación contra ella por un asesinato cometido en 1977 ya ha prescrito.

El hijo de Josu Ternera

Además, la fiscal del Tribunal Correccional de París pidió ayer seis años de prisión para Egoitz Urritikoetxea, de 24 años, hijo del dirigente de ETA Josu Urritikoetxea, Josu Ternera, por su relación con la oleada de atentados contra bienes de miembros de la policía en el País Vasco francés en 1996. Urritikoetxea, de nacionalidad francesa, que es juzgado junto con Jerome Prieto y el español José Miguel Esparza, es considerado el enlace entre ETA y Gazteriak, el equivalente vascofrancés de Jarrai.En España, el fiscal de la Audiencia Nacional modificó el delito de pertenencia a banda armada para los miembros del comando Basauri, que ofrecía apoyo logístico al comando Vizcaya, por otro de colaboración con banda armada, excepto para María Victoria Gorostiaga, José Luis Aparicio Benito y Urko Izaguirre, para los que el fiscal retiró todos los cargos al entender que ya se les había juzgado por los mismos delitos.