La Miguel Hernández no podrá defender su creación ante el TC

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la personación de la Universidad Miguel Hernández en el proceso que sigue esa instancia para aclarar si la ley de la Generalitat que consagra la creación del campus de Elche, promulgada en diciembre de 1996, se ajusta o no a los preceptos de la Carta Magna. El fallo del tribunal, del que discrepan tres de sus 12 miembros, señala que "no es posible admitir como parte a personas cuyos intereses están protegidos" a través de otros medios.

El 26 de marzo de 1997 más de un centenar de diputados del PSOE en el parlamento estatal presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 2/1996 de la Generalitat, promulgada por el Consell para la creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, un centro de estudios superiores cuya puesta en marcha ha implicado, entre otras, la segregación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, sita en el campus de Sant Joan. Al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE -que tan sólo necesitaba de la adhesión de un mínimo de 50 diputados- le seguió la petición realizada por los gestores de la Miguel Hernández, que solicitaron su personación en el procedimiento abierto. En definitiva, y tal como apunta el fallo del TC, los rectores del centro ilicitano pretendían "ejercer el derecho de defensa en relación con las alegaciones de los recurrentes sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de una ley que afectan a sus intereses legítimos y directos". Otra protección Ahora, no podrán hacerlo. El TC menciona varios preceptos legales que delimitan "con carácter general a los legitimados para interponer el recurso y personarse en el mismo", y en ninguno de ellos encaja la figura de esta universidad, aún en estado embrionario. El Consell de la Generalitat sí podrá defender ante los magistrados la constitucionalidad de la ley aprobada, con los votos en contra de la oposición, en las Cortes Valencianas. Es más, los magistrados señalan en su pronunciamiento que los intereses de la Universidad ilicitana "están protegidos por el ordenamiento a través de otros medios". Por todo ello, el pleno del TC acuerda "denegar la solicitud" de la Miguel Hernández. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los diputados del PSOE es, en opinión de sus impulsores, un intento de atajar por vía legal el ataque del gobierno valenciano que dirige Eduardo Zaplana contra la autonomía universitaria. La opinión del PSOE sobre este asunto es compartida por otros partidos, la Universidad de Alicante -directamente perjudicada por la creación del campus vecino- y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), cuyos componentes se manifestaron unánimemente contra la intromisión del poder político en el ámbito de los estudios superiores.