Un juzgado de Barcelona tomará declaración a los consejeros de Ercros por alzamiento de bienes

La providencia del Tribunal Supremo sobre un presunto delito de alzamiento de bienes cometido en la suspensión de pagos de Ercros, en 1992 -cuando el actual ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqué, era el consejero delegado de la empresa- ordena a la juez titular del Juzgado número 5 de Barcelona cuatro diligencias: identificar a los inversores perjudicados, ofreciéndoles la posibilidad de ejercer acciones contra los responsables; tomar declaración a todos los consejeros y directivos de Ercros desde la constitución de la empresa, "menos el aforado" Piqué; lo mismo en el caso de los consejeros de la petrolera Ertoil, y adjuntar a la causa todos los datos de la suspensión de pagos de Ercros.

La providencia de la Sala Segunda del Supremo sobre la causa especial 510/89 está firmada por cinco magistrados en lugar de los tres habituales en este tipo de resoluciones. Se trata del presidente, José Jiménez Villarejo, y de los magistrados Gregorio García Ancos, que además es el ponente de la causa, Puerta Luis, Marañón Chávarri y García Calvo. Fuentes judiciales señalan que, si el tribunal hubiera querido cerrar el caso no habría dictado una providencia de ampliación de diligencias sino un simple auto de devolución al juzgado de Barcelona.El supuesto delito se habría cometido cuando los responsables de Ercros incluyeron en la lista de acreedores de su suspensión de pagos una deuda de casi 2.000 millones de pesetas que pertenecía a otra empresa, Ertoil, que no suspendió pagos, con lo que causaron un grave perjuicio a los inversores titulares de esos créditos.

Tres tribunales ya se han pronunciado sobre la existencia de indicios de delito, aunque sin imputaciones concretas por el momento respecto a los responsables. Se trata del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que inicio un procedimiento por estafa; de la Audiencia de Madrid, que definió indicios de alzamiento de bienes; y de la Audiencia de Barcelona, que ordenó la instrucción.

Origen de la operación

La operación presuntamente delictiva se inició en 1988, cuando la división de petróleos de la empresa Unión de Explosivos Riotinto (UER) realizó diversas inversiones en una de sus plantas en la localidad de La Rábida (Huelva). Para ello, captó financiación por casi 2.000 millones, que con los intereses aplazados durante cuatro años sumaban 2.056 millones.El intermedario encargado de conseguir los fondos fue la sociedad Foruria Franco Investment Corporation (FF) administrada por Miguel Ángel Foruria Franco. Éste último captó los recursos, en forma de letras de cambio, entre diversos inversores particulares, especialmente barceloneses, que se convirtieron así en los verdaderos acreedores de UER.

Según un informe pericial de 9 de marzo de 1995, no existía en realidad una deuda comercial, sino unas "letras financieras", pues no había relación comercial alguna entre los acreedores y la empresa deudora. FF Investment actuó como una simple sociedad instrumental. En palabras del fiscal: "Ya que ni es deudor ni le une ninguna relación comercial con aquélla y su intervención sólo sirve para que no se identifique a los verdaderos inversores". Los instructores creen que se hizo así porque el dinero era fiscalmente opaco.

Poco después, Javier de la Rosa, entonces responsable del Grupo Torras-KIO, tomó el control de UER y la fusionó con la química catalana Cros, que ya controlaba.

La fusión se produjo el 30 de junio de 1989 y de ella nació la empresa Ercros. En ese momento, Josep Piqué ya era consejero de la sociedad, a la que había llegado de la mano de De la Rosa, previa recomendación del entonces Consejero de Industria de la Generalitat, Macià Alavedra. Algo más tarde, en diciembre de 1989, Ercros escindió sus actividades en diversas sociedades. La actividad de petróleos quedó agrupada en Ertoil, que asumió todos los activos en ese sector y, en teoría, todas las deudas.

Pero no las letras por 2.000 millones, colocadas a través de FF Investment, que habían servido para financiar inversiones de la división de petróleos. Como señala el informe del fiscal: "Se transfirieron todos los activos del negocio de petróleos y petroquímico de Ercros a Ertoil pero no fueron objeto de transmisión, dentro del pasivo" las deudas de la operación FF. Esas deudas se quedaron en Ercros.

No ocurrió lo mismo con otras sociedades (Foster Wheeler Iberia SA, Honeywell SA y Construciones M de la Fuente SA), que también financiaron la misma inversión de Ertoil y que fueron puntualmente pagadas.

En enero de 1991, De la Rosa vendió apresuradamene Ertoil a un desconocido grupo luxemburgués denominado General Mediterranean Holding (intermediario de Elf Aquitaine) por 43.000 millones de pesetas. Su precio habría sido menor si en su pasivo hubiese figurado la deuda de los 2.056 millones de la inversión en La Rábida.

En 1992 llegó la gran crisis del Grupo Torras y de su filial Ercros. En mayo, Ercros había atendido pagos de la deuda investigada, que debería haber asumido Ertoil, por un importe de 81 millones.

En julio, Ercros suspendió pagos. Según la Fiscalía de Barcelona "la solicitud de suspensión de pagos de Ercros fue presentada mediante procurador y letrado (Pedro Ferreras Díez) , el 3 de julio de 1992".

Consejero delegado

El consejo de Ercros tomó la decisión el día anterior y en el mismo participó Piqué como consejero delegado. La lista de acreedores de la empresa presentada en los juzgados incluía a FF Investment como primer acreedor de Ercros y la propuesta de convenio no incluía quitas sino aplazamientos en el pago.Finalmente, en mayo de 1993, Ercros planteó en escrito firmado por Josep Piqué, que ya era presidente de la compañía, una modificación que incluía una quita del 99% para los créditos superiores a 50 millones.

En el caso de esta operación, la deuda quedó reducida a 17 millones de pesetas, que no fueron pagadas al no ser posible localizar a la sociedad FF en su domicilio, en Tafalla (Navarra).