Pensiones y justicia

Afirma el filósofo Rawls en su libro Teoría de la Justicia, que si todos los miembros de la sociedad acordásemos crear la misma, partiendo de una ignorancia total sobre cuáles iban a ser nuestras habilidades personales y nuestra posición social, constituiríamos una sociedad en la que existiese un sistema redistributivo de renta guiado por el principio de justicia del maximin, es decir, por el criterio de redistribuir intentando elevar sistemáticamente las rentas de los que menos tienen. Este criterio de justicia es el barajado por el presidente Chaves para proponer una subida de las pensiones asistenciales por encima de la inflación, en un intento de acercar, en lo posible, los ingresos de estos pensionistas al salario mínimo. Y la verdad es que no sólo no es descabellado sino que, como diría Rawls, es en esencia justo. Es justo que aquellos que por los avatares de la vida han sido dependientes de los ingresos de otros, obtengan al menos una cierta independencia en su última etapa vital. Es justo que quienes apenas han tenido la oportunidad de disponer de un trabajo digno, algo altamente escaso y costoso de conseguir, tengan la satisfacción de que la sociedad les reconozca que su vida no ha sido inútil. Es justo que quienes han contribuido con su trabajo en el hogar, nunca reconocido por la sociedad, obtengan una recompensa acorde con el verdadero valor de su trabajo. Es, en definitiva justo, que al menos en la última etapa vital se aplique aquel tan olvidado principio de "a cada cual según su necesidad". Se entiende que aquellos que creen que lo justo es que cada cual reciba según lo que produce, el principio de justicia implícito en la lógica del mercado, no estén muy conformes con la medida. También se entiende que los que luchan contra los sistemas públicos de pensiones porque tienen mayor interés en que se creen fondos de pensiones, tampoco sean muy favorables a esta medida. Pero la realidad es que somos más los que pensamos que de poco sirve un sistema económico-social si éste es incapaz de dar poco más de 30.000 pesetas al mes a la parte que más sufre la desprotección del sistema.