La renovación pendiente de las cajas
El PP y el PSOE deciden congelar cualquier cambio en el sector hasta la próxima legislatura
La siempre inminente reestructuración de las cajas de ahorro españolas parece que va a tener que esperar una vez más. Los partidos mayoritarios, que habían comenzado -bajo la atenta mirada del resto de formaciones políticas especialmente las nacionalistas- a debatir sobre cómo debían ser las cajas del siglo XXI, han decidido congelar cualquier decisión al respecto, han optado por darse más tiempo para reflexionar sobre qué hay que cambiar en el sector y sobre cómo se debe modificar.
¿Hasta cuándo? El intenso calendario electoral de los próximos meses tiene la palabra. Las elecciones municipales y autonómicas que se han de celebrar en junio de 1999 van a ser la primera piedra de toque. El mapa político que resulte va a determinar en buena medida qué posición adopten unas y otras formaciones en la negociación. No obstante, si cualquiera de los dos partidos, o ambos en común, pretenden impulsar una reforma que requiera cambios de leyes, deberán esperar a la próxima legislatura, incluso en el caso de que el PP decida agotar su actual mandato y coloque las elecciones generales en marzo del 2000.
¿Qué aspectos del actual modelo de las cajas están en debate? Primero y fundamental, el tamaño. Políticos, expertos y responsables de las entidades de mayor tamaño defienden que 50 cajas es un número excesivo para España y que algunas de ellas pueden encontrarse con serios problemas para afrontar el nuevo mercado que se avecina con la llegada del euro.
Las inevitables fusiones
Los representantes de las cajas de menor tamaño defienden que es posible mantener una rentabilidad nada desdeñable explotando un nicho de mercado regional e incluso local con una altísima especialización. La concentración, señalan, se encuentra con problemas de diversa índole. "Por ejemplo", señala un alto cargo de una de las cajas afectadas, "cualquier fusión conlleva inevitablemente un ajuste de costes que se suele traducir en recortes de plantilla, lo cual, si no se conduce con pericia, puede crear un malestar social incómodo por los políticos. Eso sin contar con que fusión no es necesariamente sinónimo de mayor eficacia".La concentración será la corriente que tarde o temprano acabará por imponerse y posiblemente de una manera más rápida en Galicia, Navarra, el País Vasco, Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Pero, además, genera otra discusión sobre la que deben decidir los grandes partidos. ¿Fusiones sólo dentro de cada comunidad autónoma? El PP no descarta las uniones entre cajas de distintas comunidades (que acarrearía cambios legales), aunque considera prioritarias las intrarregionales, con el objetivo de que al final del proceso queden una o dos por comunidad autónoma. El PSOE, por su parte, prefiere "no adoptar posiciones uniformadoras, dadas las distintas realidades territoriales y de dimensión existentes en nuestro país en el mundo de las cajas".
La representación política en los órganos de gobierno de las entidades de ahorro es otro de los caballos de batalla del sector. Máxime cuando tanto populares como socialistas han aprovechado su primacía política en determinadas comunidades autónomas (en mayor o menor grado Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía o Galicia) para aumentar su presencia en los puestos clave de la gestión de las cajas. En este punto, PSOE y PP parecen dispuestos a establecer unos límites mínimos y máximos de representación política, con el fin de que no persistan las enormes diferencias actuales entre las legislaciones de unas y otras comunidades.
Definir la naturaleza jurídica de las cajas es, tal vez, el asunto más espinoso al que se deben enfrentar los partidos. La sola mención de una conversión de su actual estado (con un claro componente y origen público y social) en sociedades anónimas, efectuada por el PP sólo como hipótesis, levantó ampollas. Hasta el punto de que el PSOE consideró casus belli cualquier intento de modificación en este sentido.
Donde están absolutamente de acuerdo es en impulsar que el primer ejecutivo de la entidad sea un profesional puro y duro, libre de ataduras políticas, que asegure la gestión de las entidades. No en vano, sobre sus espaldas recae la responsabilidad de algo más de la mitad del sistema financiero español.
