Garzón exculpa a Usabiaga porque no aprecia delito en su mediación entre ETA y el Gobierno

El juez Baltasar Garzón archivó ayer la causa abierta contra el secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, por presunta colaboración con ETA, al entender que cuando contactó con esta organización lo hizo "con conocimiento" del Gobierno y con una "finalidad de mediación". El magistrado considera probado que Usabiaga mantuvo contactos con miembros de ETA al menos entre 1991 y 1996, con posterioridad a las conversaciones de Argel, pero señala que lo hizo para mediar "para la consecución de vías de entendimiento" entre ETA y el Gobierno "que pusieran fin a la violencia terrorista". El dirigente sindical es diputado electo del Parlamento vasco por EH y firmante de la Declaración de Lizarra.

La resolución de Garzón, que será recurrida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), según indicaron a Efe fuentes de esta organización, señala que la causa permanece "viva" respecto de José María Olarra, miembro de la anterior Mesa Nacional de HB condenado por el Tribunal Supremo por colaboración con ETA. Según Garzón, Díez Usabiaga "guardaba un fluido contacto" con ETA o "con alguno de sus miembros [José Luis Álvarez Santacristina, Txelis], extremo que ya fue objeto de valoración por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no hallando materia delictiva en esa actuación".Garzón indica que, según un informe de la Guardia Civil, Díez Usabiaga podría responder al sobrenombre de Hontza y mantener comunicaciones cifradas con la dirección de ETA por medio del responsable del aparato político de la organización, José María Dorronsoro. Sin embargo, otro informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía (UCI) cuestiona esta identificación de Díez Usabiaga, según señala el juez, que decreta el sobreseimiento y archivo de la causa respecto al líder de LAB.

El responsable sindical reconoció el pasado 19 de octubre, en una comparecencia ante Garzón, que realizó "labores mecánicas" de intermediación entre el Gobierno y ETA desde que se produjeron las llamadas conversaciones de Argel, en 1989, hasta 1996.

Cinta magnetofónica

Las diligencias contra Díez Usabiaga se remontan a 1992 y fueron archivadas dos veces por el Tribunal Supremo, encargado entonces del caso al tener el responsable de LAB la condición de diputado por HB. Pero una vez archivadas por el Supremo, la AVT insistió en su reapertura y aportó la cinta magnetofónica de una conversación mantenida entre el miembro de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon , y un general dominicano en la que hablaban de una visita que Díez Usabiaga hizo a los deportados de ETA en Santo Domingo en abril de 1995.Garzón citó el pasado 19 de octubre a Díez Usabiaga y a Olarra tras recibir unos documentos de la Guardia Civil en los que se especificaba el papel de cada uno de ellos en la labor mediadora y que fueron incautados en 1993 al miembro de ETA José María Dorronsoro. El dirigente de LAB, considerado en la actualidad como uno de los hombres fuertes de Euskal Herritarrok -en las elecciones autonómicas del 25 de octubre salió elegido como número tres de EH por Guipúzcoa-, aceptó que realizó tareas "mecánicas" de intermediación entre ETA y el Gobierno, pero no reconoció los nuevos documentos que obran en el juzgado.

El fiscal estimaba que la labor del líder de LAB podía ser considerada como un delito de colaboración con banda armada. Pedro Cerracín, abogado de la AVT estimaba en cambio que se trataba de pertenencia a banda armada. Iñigo Iruin, abogado de Díez Usabiaga, ya anunció el pasado octubre que, en caso de continuar la investigación judicial, ésta debería ser trasladada al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dada la condición de diputado del encausado. Iruin agregó entonces que a continuación pediría el archivo, basándose en el sobreseimiento que fue dictado por el Supremo en 1995. El juez Garzón reabrió la investigación contra quien ahora es uno de los dirigentes de EH en 1997 al haber nuevos indicios.

Cerracín recurrirá la decisión judicial al entender que "ha llegado el momento de someter a los tribunales la legalidad o ilegalidad de la negociación con ETA". El abogado manifestó que quiere pensar que la decisión de Garzón "no es un auto político, sino jurídico", tras subrayar que a Díez Usabiaga se le considera en la actual situación de tregua como uno de los posibles intermediarios entre ETA y el Gobierno.