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EL 'CASO MAREY'

Vera y Barrionuevo no podrán acceder a permisos hasta que cumplan un cuarto de la pena

La junta de tratamiento de la prisión de Guadalajara propuso ayer que el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera sean clasificados en segundo grado penitenciario. Si la Dirección General de Instituciones Penitenciarias respalda esta propuesta, no podrán salir en libertad ni disfrutar de ningún permiso hasta que no tengan cumplida la cuarta parte de su condena de 10 años por el secuestro de Segundo Marey en 1983. Manuel Cobo del Rosal, abogado de Vera, se quejó de que a la Administración penitenciaria "le merezcan más consideración Amedo y Domínguez".

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La junta de tratamiento, presidida por el director del centro penitenciario, Valeriano Gutiérrez, la forman también el subdirector de tratamiento, el psicólogo, el educador, un jefe de servicios, el médico, el maestro y un trabajador social. Estas ocho personas tomaron esta decisión "teniendo en cuenta la duración de la pena" que les fue impuesta por el Supremo a Barrionuevo y Vera.El ex ministro y su antiguo número dos ingresaron en el viejo penal de Guadalajara el pasado 10 de septiembre. Estaban sin clasificar y la junta de tratamiento ha tenido que hacerlo ahora, ya que el reglamento penitenciario establece que debe procederse a esta clasificación en un plazo máximo de dos meses a partir del momento en que el centro penitenciario recibe testimonio de la condena.

La propuesta de la prisión de Guadalajara será trasladada ahora a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que será el organismo que adopte la decisión definitiva. Una vez que se pronuncie el departamento que dirige Ángel Yuste, Barrionuevo y Vera pueden recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria si están disconformes.

El reglamento penitenciario señala que deben ser clasificados en segundo grado "los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad".

Fuentes cercanas a la prisión de Guadalajara aseguraron a Efe que en la reunión de la junta se barajó también la posibilidad de clasificar a los dos internos en tercer grado, aunque finalmente se decidió por el segundo.

El ex ministro del Interior y el ex secretario de Estado para la Seguridad no podrán disfrutar por el momento de ningún permiso, al no haber cumplido todavía la cuarta parte de la condena. Cuando estén en esta situación, podrán disfrutar de permisos de hasta seis días de duración, con un máximo de 36 días anuales. El régimen penitenciario clasifica en primer grado, que exige el máximo control, a los internos más conflictivos; en segundo grado, que es el ordinario y más habitual; y en tercer grado, que supone el disfrute de más permisos e, incluso, la posibilidad de salir a la calle a diario en caso de tener un trabajo remunerado.

La dirección de la prisión de Guadalajara todavía no ha recibido la petición del Tribunal Supremo de un informe sobre la conducta de Barrionuevo y Vera para completar los expedientes de indulto solicitado para los 12 condenados por el secuestro de Segundo Marey.

Barrionuevo y Vera ingresaron en la cárcel de Guadalajara el pasado 10 de septiembre después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordara la ejecución de la sentencia que les condenó por el secuestro en Francia, en 1983, de Segundo Marey, que fue confundido con un etarra.

Los dos ex altos cargos de Interior eligieron ingresar en la cárcel de Guadalajara para cumplir la condena, después de que el Supremo ordenara la ejecución de la sentencia, pese al recurso de amparo presentado ante el Constitucional.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias confirmaron que la cárcel de Guadalajara será clausurada dentro de un mes o dos, aunque todavía no hay fecha fija. Barrionuevo y Vera dedican su tiempo a practicar deporte por el pequeño patio de la prisión, situada en pleno centro de la capital alcarreña, además de haber pintado en uno de sus muros una réplica del Guernica de Picasso.

El penal, ocupado actualmente por un centenar de presos, ha sido lugar de reclusión de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado implicados en delitos graves. Tal fue el caso del ex comisario Miguel Planchuelo y los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, que están condenados por el caso Marey.

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